Santa Cruz de Tenerife

El juez Garzón halla indicios de un posible cohecho de Miguel Zerolo y Suárez Trenor

El magistrado considera que el alcalde de Santa Cruz y el presidente de la Autoridad Portuaria, entre otras personas, pudieron cometer cohecho a través de operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por empresas de Fórum Filatélico.
COLPISA, Madrid
5/dic/06 20:44
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que hay indicios de que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Isla, Luis Suárez Trenor, entre otros cargos públicos, pueden haber cometido un delito de cohecho al solicitar o aceptar importantes cantidades de dinero a cambio de concesiones urbanísticas.

El magistrado señala en un auto que se hizo público ayer que el 9 de mayo de 2006, durante el registro de la sede madrileña de Fórum Filatélico, se halló una serie de documentación de la que se deduce que Grupo Unido de Proyectos y Operaciones SA, filial de esta empresa, y la compañía Parque Marítimo Anaga SA, también del grupo, pudieron participar en esta actividad delictiva. Parque Marítimo Anaga, al menos desde 2004, desarrolla determinadas operaciones inmobiliarias. Por un lado, la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otro, la gestión de dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio.

Según fuentes jurídicas, el informe elaborado por la Fiscalía, que fue entregado al juez este lunes, indica que una "nota confidencial sobre pagos" requisada en la sede de Fórum señala que Miguel Zerolo pudo recibir tres millones de euros como "aportación económica a la formación política que representa" y que a Luis Suárez le corresponde "el 50% del valor de las obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria en el ámbito de concesión".

El mismo documento incautado precisa que al presidente de la asociación de vecinos de San Andrés y Anaga, del que no da el nombre, le corresponden "60.000 euros cada año, un 50% en junio y un 50% en diciembre", y que a la asesora urbanística Herminia Gil le tocan "30.000 euros anuales, pagaderos en diciembre".

Diez posibles pagadores

Garzon concluye que, a la vista de "la literalidad de esta documentación", los presuntos solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias son Zerolo, Suárez, Gil y el presidente de la asociación de vecinos. De igual forma, las personas que pueden tener comprometidos los pagos, bien como oferentes o como aceptantes de las solicitudes de los anteriores, son diez, entre directivos de Fórum, un arquitecto y una larga lista de abogados y constructores. Entre los citados están Antonio Merino y Francisco Briones, director general y presidente de Fórum Filatélico, respectivamente.

El magistrado, que cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de cohecho, ha remitido, a solicitud de la Fiscalía, toda la documentación incautada y el informe del fiscal al juez decano de Tenerife, para que se lo envíe a un juzgado de instrucción de la ciudad. Garzón, que se inhibe de los hechos por no ser de su competencia, indica que el juzgado del lugar donde se pudo cometer el delito debería abrir diligencias penales para determinar "si se hicieron los pagos y quién o quiénes los realizaron o los recibieron".

El hallazgo de los documentos se realizó durante el registro de la sede Fórum Filatélico, empresa a la que la Audiencia Nacional investiga por un posible fraude multimillonario a decenas de miles de sus clientes.