Santa Cruz de Tenerife

Miguel Zerolo: "Están vulnerando mi derecho constitucional a la defensa"

Un salón García Sanabria abarrotado, por segunda vez en apenas tres días, de periodistas y otras muchas personas acogió la defensa de un alcalde que respondió a las acusaciones de presunta corrupción y afirmó sentirse "indefenso".
J. D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.
8/dic/06 18:26 PM
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Miguel Zerolo salió ayer al paso de las acusaciones que en los últimos días afectan a su persona en relación a dos presuntos casos de corrupción: la conexión de Fórum Filatélico en Santa Cruz y el expediente de la Fiscalía Anticorrupción respecto a la playa de Las Teresitas. El alcalde ha logrado dos veces en apenas tres días con el anuncio de su comparecencia abarrotar de periodistas y otras gentes el salón García Sanabria del Palacio municipal. Ésta fue la intervención literal ante la prensa de un Miguel Zerolo serio, pero muy firme y seguro durante todo su discurso:

"Durante muchos meses he estado sometido por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid a una investigación inquisitorial, efectuada al margen de la legalidad, en relación con el expediente de la Playa de Las Teresitas, intensificada a medida que se acercan las elecciones".

En la práctica de estas investigaciones de casi dos años se ha infringido mi derecho a la tutela judicial, se ha violado sin autorización judicial mi derecho a la intimidad, se ha sobrepasado el tiempo máximo de los seis meses que la ley marca al ministerio Fiscal para investigar y se me ha negado el derecho a ser informado de las imputaciones, a pesar de haberlo solicitado.

El pasado 15 de noviembre, cansado de tanta persecución y ante la indefensión a la que me veía sometido, decidí denunciar ante la propia Fiscalía estos gravísimos hechos. En ese mismo escrito, pedía también que se señalase de una vez día y hora para comparecer ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para prestar declaración voluntariamente, con todas las garantías legales.

Ante el silencio de la Fiscalía, me vi obligado, en mi propia defensa, a presentar un nuevo escrito exigiendo que se respetara mi derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Consideraba y considero que no es lícito continuar una investigación de ese tipo cuando ya se habían agotado todos los plazos establecidos en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al margen por completo del control del Poder Judicial.

Hasta el día de hoy no he obtenido respuesta a ninguno de los dos escritos. Lo único que puedo considerar una especie de respuesta es la noticia aparecida en la agencia estatal de noticias Efe de una pretendida resolución de un juez de la Audiencia Nacional en la que se afirma que acaso otras personas y yo pudiéramos tal vez haber participado en posibles hechos delictivos que, según se desprende de la transcripción publicada, serían conocidos desde hace más de tres años (en el caso del Fórum Filatélico) y que habrían permanecido en secreto durante todo este tiempo.

Además, el día 4 de diciembre apareció publicado en la prensa nacional que el Consejo Fiscal pedía al Gobierno que se cambiase el precepto que limita a seis meses las diligencias o la exigencia de dar conocimiento de ellas al afectado.

Por otra parte, quiero desmentir informaciones atribuidas a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha puesto cortapisas ni obstáculos a la investigación. Al contrario, hemos colaborado en todo momento remitiendo a la Fiscalía toda la documentación que nos ha sido solicitada con la celeridad y la diligencia debidas. Pongo por testigo a la delegada en Tenerife de la Fiscalía Anticorrupción, Doña María Farnés Martínez Frigola quien mientras tuvo en sus manos la dirección de las investigaciones actuó con prudencia, profesionalidad y discreción. Pero a partir de la apertura por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid de las diligencias 2/2006, paralelas y simultáneas a las incoadas en Tenerife, las infracciones a la legalidad y al estatuto orgánico han sido constantes. (Me remito al contenido de los escritos de denuncia que les han sido entregados junto a éste comunicado)

Ante este abuso y constante desprecio a la legalidad constitucional y ordinaria, comparezco hoy aquí para exigir públicamente a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que con carácter urgente e inmediato traslade todo lo actuado durante los últimos 17 meses al juez de instrucción que corresponda a fin de que sean respetados mis derechos constitucionales.

Me dirijo igualmente al Ministro de Justicia y candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Gran Canaria para que ordene urgentemente al Fiscal General del Estado la remisión de las referidas actuaciones al juzgado de instrucción que corresponda, impidiendo expresamente que continúen con impunidad las vulneraciones de mis derechos constitucionales y legales que he denunciado".