Santa Cruz de Tenerife

Un sueldo de 721 euros permitió obtener un crédito multimillonario

La Fiscalía asegura que el empresario Ignacio González compró los terrenos de Las Teresitas a través de un trabajador con una nómina de 721 euros al mes y que, tras obtener un préstamo, le traspasó las acciones que tenía en la sociedad.
N.M., S/C de Tenerife
21/dic/06 18:30
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Uno de los aspectos más sorprendentes de la querella presentada el martes por la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, es el que se refiere al préstamo hipotecario que permitió a Inversiones Las Teresitas SL adquirir los terrenos objeto de este caso a la Junta de Compensación, al que se suman las dudas que tiene la propia Fiscalía de la capacidad de la Junta para vender.

Entre los más de 60 folios de los que consta la querella, hay un aspecto que llama la atención referido a un hombre que con una nómina de apenas 721 euros obtuvo, como socio del empresario Antonio Plasencia -a quien Farnés pide acusar de un delito de malversación de caudales públicos-, un préstamo hipotecario de algo más de 33 millones de euros para comprar Las Teresitas, siempre según la denuncia presentada.

María Farnés Martínez relata que esta persona, cuyo nombre responde a las iniciales F.M.A.J., constituye la empresa anteriormente citada junto a Plasencia con un capital de 1,2 millones de euros, empresa a nombre de la cual se abre en una entidad financiera una cuenta en la que cada uno de ellos ingresó 90.000 euros. No obstante, y según Farnés, la aportación de este trabajador se realizó mediante un cheque contra la cuenta del empresario Ignacio González, para el que también se pide la acusación de malversación.

Según la querella, la sociedad formada por Plasencia y F.M.A.J. se encontraba aún en trámite de constituirse cuando solicita de esta entidad financiera un préstamo por importe de 33 millones de euros "sin más garantías que la hipoteca de las propias fincas que se pretendía adquirir", precisa la fiscal, que más adelante, y basándose en este hecho, asegura que los empresarios obtuvieron una plusvalía de 180 millones de euros sin invertir dinero de su bolsillo.

No obstante, María Farnés Martínez explica que en el estudio de viabilidad se dice que los solicitantes son "personas de gran capacidad inversora que siempre han demostrado una gran liquidez", olvidando, dice la querella textualmente, "que F.M.A.J. era mero apoderado en diversas empresas de D. Ignacio Manuel González Martín".

La fiscal Anticorrucpión explica que se daba la circunstancia de que este conocido empresario formaba en aquel momento parte del Consejo de Administración de la entidad financiera en la que se iba a votar posteriormente el crédito, un hecho que se produjo el 23 de junio de 1998, lo que permitió conceder, explica, "un crédito de 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) a una sociedad que únicamente tenía un capital de 30 millones de pesetas (180.000 euros), que tenía un futuro incierto (...), que no tenía más garantía que los propios terrenos que iba a adquirir y que, además, no se encontraba inscrita en el registro mercantil".

Cambio de manos

Farnés, que especifica que Ignacio González votó a favor del préstamo, asegura que F.M.A.J. no era sino una persona interpuesta para que González pudiera comprar.

Precisamente, el 24 de junio de 1998, Antonio Plasencia autoriza a F.M.A.J. a vender sus acciones en Inversiones Las Teresitas SL a quien estimara conveniente, un hecho que ocurre, el 26 de junio de 1998, según la querella.

Ese día, y siguiendo el relato de la fiscal, F.M.A.J. vendió sus participaciones a una sociedad denominada Promotora Victoria SL por 90.000 euros, uno de cuyos accionistas (con el 50% de la propiedad) era Ignacio González.

La querella

Las objeciones del Banco de España

La querella de María Farnés Martínez se detiene ampliamente en la concesión del préstamo hipotecario que permitió a Inversiones Las Teresitas SL adquirir los terrenos de la playa. En concreto, la fiscal Anticorrupción se refiere a un acta de inspección realizada por el Banco de España en la que, según explica, consta que en el año 1998 la empresa presenta unas pérdidas de 1.400 euros a pesar de la viabilidad concedida para otorgarle un préstamo hipotecario de 33 millones de euros. El por entonces banco emisor subraya, según el texto de la investigación, que el préstamo se concede en función de una estimación de mercado realizada por una empresa que no puede denominarse tasación y que carece de fecha. Además, asegura que no se han realizado las correspondientes comprobaciones urbanísticas y que la valoración realizada se refería a parcelas totalmente gestionadas y urbanizadas, situación en la que no se hallaban los terrenos.