Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía pide órganos especializados contra la corrupción en el Archipiélago

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, destacó ayer en la apertura del año judicial, celebrada en Las Palmas, que los medios para luchar contra el "cáncer social" de la corrupción y del crimen organizado resultan a veces "ineficaces e insuficientes", por lo que consideró "imprescindible" complementar los medios materiales y personales con órganos especializados.
EFE, Las Palmas
28/sep/07 02:06
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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, destacó ayer que los medios para luchar contra el "cáncer social" de la corrupción resultan a veces "ineficaces e insuficientes", por lo que consideró "imprescindible" complementar los medios materiales y personales con órganos especializados.

Garrido subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe ser "decidida, enérgica y contundente" en el acto de apertura del año judicial del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias), en la que su presidente, Antonio Castro, pidió que los nuevos órganos que se creen refuercen las jurisdicciones con más pendencias.

El fiscal jefe del TSJC manifestó que no se pueden escatimar los recursos, ya que la corrupción presenta unos perfiles específicos que la dotan de una especial peligrosidad, y se refirió a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por los medios que incluye para combatir esta "lacra social".

En su discurso, subrayó también la tendencia alcista de la criminalidad que se ha registrado en Canarias, donde el número de procedimientos penales incoados en 2006 superó los 231.000, un 6,3 por ciento más que el año anterior.

Saturación de las cárceles

Además, incidió de nuevo en el trabajo que genera el fenómeno de la inmigración irregular por la llegada de pateras y cayucos a las islas, y en la "especial" situación de las cárceles del Salto del Negro (Gran Canaria), Tahíche (Lanzarote), y en Tenerife II, con un número de recursos que doblan sus capacidades.

Garrido se quejó también de la falta de plazas para los menores que precisan internamiento, cuya carencia -dijo- merma los principios de la ley penal que los regula, y reclamó la creación de un centro en Lanzarote y la remodelación de La Montañeta, en Gran Canaria.

Antonio Castro señaló que el retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales en las Islas, el mayor de toda España, se debe a la excesiva carga de trabajo y a la inestabilidad de los puestos de trabajo.

Dijo que los órdenes jurisdiccionales civil y social son los que más retrasos registran, por lo que consideró que en los futuros planes de creación de nuevas unidades judiciales se tendrá que tener en cuenta para reducir la tasa de pendencia.

Recordó que el Ministerio de Justicia en 2006 sólo creó en Canarias seis unidades judiciales y que en 2007 está prevista la creación de doce. También hizo referencia a la necesidad de que se inicien los estudios para la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, y a la construcción de nuevos edificios judiciales, sobre todo los de La Orotava y Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Castro reiteró que se sigue a la espera de los proyectos de ley de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de organización territorial de la Administración de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativo y de Enjuiciamiento Civil.

La injusticia del retraso

Reformas necesarias para evitar, en el caso de la Penal, los "interminables procesos que han convulsionado la sociedad canaria en los últimos tiempos", con el fin de evitar la "injusticia" que comporta un decisión judicial tardía, afirmó.

Para atajar la carga de trabajo que soportan los juzgados, Castro confió en que el incremento del complemento de destino a los jueces, fiscales y secretarios judiciales en Gran Canaria y Tenerife sea motivo de incentivo y produzca menor movilidad.

El presidente del TSJC en su discurso destacó el desarrollo de las vías alternativas para la resolución de conflictos, y se refirió al decreto autonómico sobre Mediación Familiar, que prevé la formación de mediadores familiares, la creación de un registro de estos especialistas y su posible gratuidad, entre otras cuestiones.

El acto contó con la asistencia de una delegación de representantes institucionales, entre ellas figuró el presidente del Tribunal Popular de Cuba, Rubén Remigio.

El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, por su parte, declaró que la Justicia ha dado en Canarias una "extraordinaria lección de eficacia y entrega".