Santa Cruz de Tenerife
PROFESORADO

La asamblea baraja presionar con aprobados generales

T.I., S/C de Tenerife
1/mar/08 19:21
Edición impresa

Entre las medidas de presión que plantea la Asamblea de Profesores por la Homologación, dentro de las movilizaciones que mantienen los docentes no universitarios por el conflicto abierto con la consejería, figura conceder a todo el alumnado "un aprobado, como mínimo", en la segunda evaluación que se celebra en marzo.

Un representante de la asamblea, que explicó que este asunto se remitirá a los centros para su discusión, pues comentó que se trata de una medida con la que "demostrarle a la consejera, Milagros Luis Brito, que si quiere subir los niveles de rendimiento es fácil, con tan sólo cambiar una cifra". Además, la asamblea no descarta que, en caso de prolongarse el conflicto, se pueda "trasladar esta medida a la valoración de final de curso".

Asimismo, los docentes acordaron mantener las medidas de presión sobre los cargos orgánicos de la consejería en sus actos públicos, seguir con la suspensión de las actividades extraescolares y complementarias, así como iniciar una campaña de solidaridad con el IES Martín Espino, de Icod, al que la Dirección Territorial lo ha obligado a reanudar estas programaciones fuera de los centros. Precisamente, el próximo 12 de marzo, la asamblea se trasladará a este centro, para celebrar allí su sesión, que estará precedida de una caravana que partirá desde distintos puntos de la Isla.

Por su parte, el comité de huelga, compuesto por FETE-UGT, EA-Canarias, STEC y UCPL, criticó ayer, de nuevo, al Ejecutivo regional "por no ser capaz de encontrar ningún tipo de medida efectiva, razonable y dialogada para superar los obstáculos que condicionan el buen funcionamiento de la educación". Además, responsabiliza a la consejera de que "el conflicto esté enconado", pues las centrales sindicales creen que Milagros Luis Brito "ha hecho de la intransigencia la excusa tras la que esconde su absoluta incapacidad para gestionar la consejería".

Los sindicatos, que rechazan que el Gobierno haya encargado al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen sobre la legalidad de la homologación, señalan que este órgano no es vinculante, y que "es competencia exclusiva del Ejecutivo establecer los niveles de complemento específico de los funcionarios".

El comité le exige al presidente regional, Paulino Rivero, que destituya a la consejera "si no quiere, no sabe o no puede gestionar su área", a la vez que le reclaman que no dilate más el conflicto.