Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno rechaza la objeción a Ciudadanía y no ofrecerá alternativas

La Consejería de Educación responde a los padres que han presentado alegaciones que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que "no es viable" ofertar actividades sustitutorias. Las familias recurrentes anuncian que acudirán a los tribunales. "Si es necesario llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advierten.
M.G./EL DÍA, S/C de Tenerife
3/oct/08 7:30 AM
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La oposición de un colectivo de padres canarios a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) va camino de terminar en los tribunales, al igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Las objeciones de conciencia planteadas por estas familias no serán atendidas por la Consejería de Educación, que ayer determinó que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que no es viable ofrecer "alguna actividad sustitutoria".

De esta manera, la Administración contesta a las 189 solicitudes planteadas por padres que se oponen a la materia por considerarla un intento de "adoctrinamiento" por parte del Estado y que esperaban desde comienzos de curso para conocer el pronunciamiento de los servicios jurídicos de la Consejería.

La polémica llegará a los tribunales de las Islas en cuanto la plataforma que agrupa a los padres -Tenerife Educa en Libertad- "esté constituida con base jurídica". Así lo aseguró ayer Elena Colmeiro, portavoz de esta asociación, quien insistió en que la Constitución ampara su derecho.

La Consejería ha recordado a los objetores que la Ley Orgánica de Educación (LOE) cataloga la asignatura como "materia de obligado cumplimiento". Asimismo, explica a los padres que, como representantes legales del alumno, "están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente para los matriculados en los centros educativos no universitarios de Canarias en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial" del derecho que reclaman.

Según la Administración, la actual normativa "no regula ni establece la opción del derecho a la objeción de conciencia en relación con esta materia", pues la Constitución Española "únicamente alude a un supuesto específico, que es el del deber de prestar el servicio militar obligatorio".

También alega el Ejecutivo autónomo que no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares y que, además, se ha producido una "divergencia de criterio" entre las sentencias emitidas por los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia, Andalucía, Cantabria y La Rioja.

Una vez conocida la respuesta de la Consejería, las familias -que ya habían expresado su escepticismo respecto a la posibilidad de que la Administración atendiera sus reivindicaciones- tienen claro qué pasos deben dar a partir de ahora. "Si es necesario, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advirtió ayer Elena Colmeiro. La representante de Tenerife Educa en Libertad recordó que "hasta ahora, los tribunales han dado la razón a los padres o han eximido cautelarmente a los alumnos de la obligación de ir a clase".

"No tenemos miedo porque estamos en nuestro derecho", señaló Colmeiro, para quien "no se puede obligar a los niños a permanecer en clase. La Administración iría contra sus derechos". La oposición de estas familias a EpC les está haciendo objeto, según esta madre, de "acoso", una situación que, lamentó, también sufren sus hijos al "no ser atendidos" y ser "señalados abiertamente por otros compañeros".