Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno utiliza el cambio en la Ley de Costas para pedir las competencias

La Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo canario esperará hasta que se apruebe la reforma del texto nacional para elaborar un censo de las edificaciones con valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco con el fin de que estas construcciones puedan pedir las autorizaciones y concesiones correspondientes.
EL DÍA, S/C de Tenerife
10/feb/09 07:17
Edición impresa

El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar las competencias en materia de costas, aprovechando la pequeña reforma que el Ejecutivo central ha emprendido sobre este texto legal para su flexibilización. Así, el viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno regional, Miguel Ángel Pulido, ha considerado que "lo acertado es transferir, de una vez por todas, las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas".

La intención del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Elena Espinosa, es permitir la compra y venta de las viviendas construidas en dominio público (hasta 200 metros desde el punto más alto al que llega el mar) y cuyo cambio de titular no se permitía por la Ley de Costas, de 1988. Con este fin, la reforma se lleva a cabo a través de una enmienda a la Ley de Navegación Marítima.

Pulido ha calificado de "alarma social e indefensión" la situación en la que se encuentran miles de familias que residen en núcleos consolidados del litoral canario, construidos, la mayor parte, antes de la Ley de Costas. En este sentido, el responsable autonómico ha considerado que hasta ahora la actitud del Gobierno central en esta materia ha sido de "intransigencia, intolerancia y falta de diálogo" con las administraciones públicas canarias, con competencias en ordenación territorial y urbanística.

Al respecto, los grupos que sustentan al Gobierno (CC y PP) presentaron el año pasado en el Parlamento una proposición de ley de modificación del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales (Trlotcen) sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

La proposición de ley pretende, entre otros aspectos, reconocer un derecho de muchos de los propietarios de las viviendas que se encuentran en esas zonas y en las que habitaban antes de que se aprobara la citada normativa estatal, según informó CC. Además, con la modificación del texto refundido, nacionalistas y populares consideran posible el cambio de clasificación del suelo de asentamientos rurales a núcleos urbanos, pues esta función le corresponde al Gobierno de Canarias "y debe ser tenida en cuenta por Costas".

A esta proposición se ha añadido una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista durante los trabajos de la ponencia, que ya han finalizado. Ahora está pendiente convocar la comisión parlamentaria que seguirá trabajando la modificación de la Trlotcen.

Censo de viviendas

Además, en la proposición de ley se contempla la elaboración por parte del Gobierno canario de un censo de aquellas edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco y ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en las zonas de servidumbre para que puedan obtener la concesión o autorización correspondiente.

Este censo no se comenzará a elaborar hasta la aprobación definitiva de la Ley de Costas, según informó la Consejería de Medio Ambiente. En cualquier caso, este departamento autonómico ha elaborado una serie de estudios previos en núcleos costeros como El Pozo de Las Calcosas, en El Hierro; el litoral de Güímar, en Tenerife, o el de Fuencaliente, en La Palma.

Sobre este censo, el PSC incluyó una enmienda en el texto legal para que las tres administraciones (estatal, autonómica y local) "puedan apreciar de común acuerdo las razones de interés público que concurren a efectos de su posible legalización en los términos establecidos" en la Ley de Costas.

Tímida reforma

Desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas manifestaron recientemente a través de una nota que la reforma del texto legal es "tímida, mínima e insuficiente" porque "se limita a admitir que las concesiones puedan venderse a terceros y a agilizar los trámites del expediente para su otorgamiento". Son palabras de su portavoz, José Ortega, quien duda de que la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente pueda considerarse "en serio" una reforma de la ley. Ortega está convencido de que esta modificación, impulsada por el Gobierno central, es "consecuencia de la denuncia que la Plataforma tiene interpuesta ante el Parlamento Europeo por aplicación abusiva de esta ley.