Santa Cruz de Tenerife

Berriel y Pulido, entre 35 imputados por una urbanización ilegal en El Puerto

A los primeros siete acusados en el Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura y dos técnicos, se suman ahora otros 28 inculpados de la Cotmac que aprobaron las Normas subsidiarias (1999) y el PGO (1984), con un suelo urbano que, según el Supremo, no lo era.
21/may/09 7:41 AM
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EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LUJO, situado en la zona de Los Tarajales (Tazacorte), está terminado desde hace meses a la espera de ser habitado./ M.CH.
EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LUJO, situado en la zona de Los Tarajales (Tazacorte), está terminado desde hace meses a la espera de ser habitado./ M.CH.

M. CHACÓN, Tazacorte

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane ha incrementado hasta 35 el número de políticos y técnicos imputados por el caso de la supuesta urbanización ilegal de una parcela situada en Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, para la edificación de un complejo residencial de lujo de 24 viviendas.

El nivel de presunta vinculación marcado por la jueza instructora del procedimiento, María Teresa Luerca Gómez, llega hasta la misma cabeza de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, citando como imputados al consejero, Domingo Berriel, y al viceconsejero, Miguel Ángel Pulido.

A los primeros siete acusados correspondientes al Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura (tres de ellos siguen en el actual mandato) y dos técnicos municipales, se suman ahora otros 28 posibles responsables de haber permitido que se edificara un suelo que se recogió en las Normas subsidiarias (1999) y en el PGO (1984) como urbano pese a contar con una sentencia del Tribunal Supremo que no lo consideraba como tal, lo que desembocó en la edificación de un inmueble, construido con licencia municipal de noviembre de 2005, que hoy se encuentra a la espera de obtener los permisos de primera ocupación para ser habitado.

Los nuevos inculpados se corresponden con los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobaron las viejas NNSS de Tazacorte en el año 1999 (por entonces bajo la denominación de Cumac) y el Plan General de Ordenación de este mismo municipio en el año 2004, desde la Presidencia y vicepresidencia del organismo público, hasta los vocales técnicos y políticos de diversas administraciones. En ese sentido, entre otros, se cita también como imputado al que fuera Consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo hace 10 años, Tomás Van de Walle.

Investigación.- La providencia judicial, con fecha de 6 de mayo, forma parte de las diligencias previas abiertas por el juzgado llanense (los primeros pasos de la investigación se dieron en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife) tras la remisión de un informe hace más de un año, por parte del CCN, uno de los grupos políticos opositores en Tazacorte, a fin de que se investigara la posible existencia de delitos urbanísticos en esta actuación, a raíz de la aprobación de la licencia de obras a la promotora del edificio, la empresa Diursa.

Esta investigación llegó a motivar hace varios meses una intervención de la Policía Judicial en las dependencias administrativas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en busca de documentación.

Citaciones.- Según recoge la notificación judicial, dada cuenta del estado de las actuaciones realizadas, se llama a declarar como imputados a los 28 miembros que conformaban la Comisión de Urbanismo, que deberán pasar por las dependencias judiciales los días 2 y 3 de junio, en una primera tanda, y 16 y 17 del mismo mes.

Además, en la jornada de hoy se tomará declaración al arquitecto y el jurista del Ayuntamiento de Tazacorte para completar la lista de los 7 inculpados en esta Administración local, entre ellos cinco miembros del grupo de gobierno local (Unión Bagañeta) que el pasado 28 de octubre fueron interrogados por la delegada de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés, en el mismo juzgado.

Aforado.- En el caso de los indicios de ilegalidad que se imputan a Domingo Berriel, éstos deberán ser resueltos en otro foro. El consejero, al igual que el resto de diputados de la Comunidad Autónoma, goza de un fuero especial para ser juzgado, por lo que el órgano competente se corresponde con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si bien en algunos casos los estatutos de autonomía pueden atribuir esa competencia al Supremo.

Según recoge la legislación, al carecer de competencia para investigar a un aforado, el Juzgado de Los Llanos de Aridane tendría que remitir los indicios que tenga contra el consejero al TSJC, por lo que el resto de la causa, al completo, debe también ser juzgada por el mismo tribunal por la imposibilidad de dividir las actuaciones.