Santa Cruz de Tenerife

Los interventores piden reforzar la fiscalización del gasto de los políticos

El presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Tenerife considera que la ley que regula la asignación de los grupos políticos tiene algunos vacíos, por lo que reclama concreción, al margen de que, aunque sea el Pleno el que regula las partidas, se deberían reforzar las labores de control del gasto.
IZQUIERDO/VIZOSO, Tenerife
21/jul/10 07:48
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El informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre los gastos realizados por los grupos municipales durante el pasado mandato (2003-2007), si bien no constituye una apreciación de "responsabilidades graves" como determinaron los diferentes partidos que justificaron las cantidades, sí que ha abierto un debate social respecto al destino y la forma en la que se invierten las asignaciones.

Desde el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Tenerife, su presidente, Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva, precisamente sucesor en el cargo del interventor que fiscalizó los gastos en ese periodo, Santiago Gómez Ferrándiz, dijo que, al margen de la libre función y la autonomía de estos funcionarios, "la regulación de los gastos de los grupos políticos es bastante indeterminada por la propia Ley de Bases de Régimen Local". En su artículo 73.3, señala que establece algunas exclusiones, como pueden ser gastos de personal o adquisición de bienes de carácter patrimonial, aunque explica que en esta legislación "hay un cierto vacío respecto a lo que son los gastos de mantenimiento, que no están catalogados en ningún sitio".

Así, señaló que cuando se emiten los informes, "los interventores deben ser objetivos, pero debe ser el Pleno el que establezca la regulación y el destino de los fondos". No obstante, remarcó que la Corporación de Santa Cruz pone medios a disposición de los grupos, tanto personales, como los locales o los elementos materiales, "que permiten justificar los gastos, por lo que no se puede alquilar un local para un grupo, ya que la corporación se lo aporta".

Por ello, especificó que es el Pleno el que puede pedir a un grupo que ponga de manifiesto la contabilidad o el Tribunal de Cuentas, por lo que no ocultó que, "como siempre, las decisiones políticas están por encima de los informes del interventor". Así, dijo que en dichos informes preceptivos, pero no vinculantes, se expresa un juicio sobre una propuesta de gasto, "pero el problema es que se pueden emitir notas de reparo, que suspenden el procedimiento y exigen una resolución de la discrepancia, que puede ser por el alcalde y el Pleno. En los informes, por muy autorizada que sea la opinión del interventor, por encima estará siempre la decisión de los órganos políticos".

Alejandro Fernández evitó emitir cualquier juicio de valor sobre el informe, aunque no ocultó la complejidad y el difícil papel que desempeñan estos funcionarios, que dependen de la dirección de la corporación que fiscalizan. Por ello, dijo que esta labor "muchas veces no la entienden los políticos, porque somos funcionarios que tenemos una autonomía que nos impide ejecutar órdenes en contra de la norma".

Además, el presidente del Colegio de Interventores señaló, ante determinados gastos que fueron calificados como propaganda política, que "ahí nos encontramos en un problema con la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos, nexo que debería determinar el Tribunal de Cuentas".

Asimismo, dijo que si no se llega a adoptar la decisión por el Pleno de solicitar las cuentas, promovida por la concejal del PNC Esther Sarrautte, "el interventor no las podría haber solicitado". Por ello, afirmó que "habría que plantearse sí sería conveniente establecer con carácter obligatorio esta fiscalización, que, hoy por hoy, no está en la norma".

También se mostró partidario de aportar mayor concreción a la norma, que, según dijo, "clarificaría no sólo la labor del interventor, sino del grupo político, que sabría a qué atenerse", ya que consideró que "la propia labor de gasto se facilitaría mucho", aunque matizó que "si la normativa no es clara, es difícil concluir que ha habido un incumplimiento".

Por otra parte, no negó el argumento que se baraja en algunos sectores de la intervención a nivel nacional, que reclama volver a depender del Ministerio de Hacienda, "para ejercer con autonomía plena, pues son cargos de libre designación".

Remarcó que "la transparencia ha de ser un valor que la sociedad reclame, y estos momentos de crisis constituyen una oportunidad magnífica para poner en marcha cambios legislativos y aclarar las cosas".