Santa Cruz de Tenerife
CANDELARIA

Los vecinos no desalojarán Cho Vito a pesar de que hoy concluye el plazo

Aseguran que no tienen a dónde ir y dicen estar preparados para cualquier acción de fuerza. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha pedido al Juzgado de lo Social que amplíe el plazo para ejecutar la sentencia que les permita ocupar las siete casas del poblado hasta el próximo 30 de abril de 2011.
J.A. MEDINA, Candelaria
30/nov/10 7:51 AM
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En cumplimiento del acuerdo alcanzado por las administraciones públicas (excepto el Ayuntamiento de Candelaria) en la reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, hoy expira el plazo dado a la treintena de vecinos que aún residen en Cho Vito para que desalojen las siete viviendas que habitan. Sin embargo, los afectado permanecen en las casas y anuncian que no las abandonarán "porque no tenemos a donde ir".

El 24 de junio fue cuando el Juzgado de lo Contenioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que autorizó el derribo de las edificaciones situadas en zona de dominio público marítimo y terrestre del poblado candelariero en horario diurno y durante los seis meses siguientes. A principios del mes de agosto, los afectados recibieron la comunicación por la que Costas señaló el 20 de septiembre como fecha para que las viviendas estuvieran vacías.

Entre el 1 y el 11 de septiembre fue cuando seis vecinos de Cho Vito protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife como medida de protesta y rechazo al desalojo y derrumbe de sus casas. A raíz de esa situación, representantes del Gobierno central y del Ejecutivo regional, así como del Cabildo, mantuvieron la reunión en la que se prorrogó el desalojo hasta hoy. En ese encuentro se habló de promover la máxima colaboración entre las administraciones para realojar a los afectados.

Como su portavoz, Tomás González explicó ayer que han mantenido contactos con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para que se cumpla ese aspecto del acuerdo, afirmando que ambas administraciones han mediado ante Costas para propiciar la reubicación de las familias.

"Sin embargo, el ayuntamiento ni está ni se le espera", apuntó González, quien también explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha planteado al Juzgado de lo Social una prórroga en la ejecución de la sentencia que autorizó la demolición de las casas. El periodo para la materialización de la misma expirará el 24 de diciembre.

"Ante la imposibilidad de poder aplicar la sentencia, han solicitado al juzgado que se les amplíe el plazo hasta el 30 de abril de 2011, pero no sabemos qué pasará".

De momento, los vecinos "estamos expectantes, alertados y dispuestos a luchar. Es cierto que no vemos movimiento sospechoso alguno, contrariamente a lo sucedido cuando vinieron a realizar los primeros derrumbes el 7 de octubre de 2008". Tomás González hace un llamamiento a la solidaridad, pero es consciente de que la situación se puede complicar "en cualquier momento".