Santa Cruz de Tenerife

Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, los dos ex cargos públicos canarios implicados en la "operación Catis"

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press
1/dic/10 12:07
eldia.es

Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, del Partido Popular (PP), son los dos ex cargos públicos canarios implicados en el marco de la operación 'Catis', en el que el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en el que investiga la concesión por parte de un sindicato de titulaciones falsas.

Según matizaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, la implicación de estas dos personas no tiene que ver con su condición de cargo público y de pertenencia al PP, sino con la actividad profesional que desempeñaban en una escuela dedicada a la formación en materia sanitaria en Canarias.

Sin embargo, ambas formaron parte de la Consejería de Sanidad, cuando al frente de dicho departamento estaba la popular Mercedes Roldós, en concreto, ostentaron un cargo público dentro de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias (Esscan).

Asimismo, hay una tercera persona detenida en el archipiélago, también relacionada con esta operación. las tres presuntas autoras están imputadas por su participación en un delito de falsedad documental.

DIEZ IMPUTADOS Y UN AÑO INVESTIGANDO

La operación, desarrollada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias, ha culminado con la detención de diez personas y la imputación de otras dos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. Asimismo, se han intervenido más de 1,4 millones de euros procedentes de esta fraudulenta actividad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Seguidamente, comprobaron que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca), previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.

Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del 'Curso básico de Riesgos Laborares', entre otros, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.

Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.

Según añade la Guardia Civil, el Sitca certificaba, previo pago de 80 euros, que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas. En realidad, el alumno no realizaba ninguna hora presencial, ni el sindicato preparaba al trabajador.

Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato gaditano. Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción del alumno.

Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.

La organización estaba encabezada por el secretario general del sindicato, presunto cerebro de la organización, que se valía de otras personas, organismos y empresas, que facultaban al sindicato los títulos que expedía.

Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichos certificados oficiales.

Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de instrucción de los de Cádiz.