Santa Cruz de Tenerife

El TSJC vuelve a anularle al Cabildo la aprobación definitiva del tren del Sur

La Corporación insular insiste en que esta nueva sentencia no atrasará el comienzo de las obras, propuesto para finales de 2012. El TSJC estima que se ha superado el plazo de 18 meses para la tramitación del plan, retrotrayéndolo a la fase de avance, y obliga al Cabildo a realizar la evaluación ambiental estratégica.
N. VIZOSO, S/C de Tenerife
3/mar/11 2:56 AM
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El consejero de Economía y Competitividad del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, acompañado de la coordinadora general de Recursos Humanos y Asistencia Jurídica, Rosi Baena, dio cuenta ayer de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), emitida el lunes, sobre el recurso interpuesto el 16 de julio de 2009 por un colectivo ecologista respecto a la tramitación del Plan Territorial de Infraestructuras del Tren del Sur.

La sentencia obliga al Cabildo, por segunda vez, a anular la aprobación definitiva del tren del Sur y a reiniciar el trámite para la aprobación definitiva del Plan desde la fase de avance. La Sala de lo contecioso-administrativo entiende que se han cometido defectos formales ya que el Cabildo habría excedido el plazo máximo de 18 meses para la tramitación de los planes territoriales que establece el Decreto 55/2006 del Gobierno de Canarias.

Además, la sentencia concluye que se ha incumplido la obligación de tramitación de la evaluación ambiental estratégica contenida en la Ley 9/2006 al considerar que el acuerdo de la Cotmac, que en su momento lo exceptuaba de dicho trámite, ya no es válido porque la tramitación se reinició a partir del acuerdo plenario de 12 de marzo de 2008.

Cabe recordar que en aquella fecha el Pleno del Cabildo declaró por primera vez la nulidad de la aprobación del proyecto efectuada el 27 de abril de 2007 en cumplimiento de una primera sentencia del TSJC.

Alonso aclaró que la Corporación insular no comparte el fallo del tribunal, por lo que los servicios jurídicos están estudiando la presentación de un recurso de casación. El principal argumento que esgrimió el consejero se basa en que el contenido ambiental y el procedimiento de información pública que se desarrolló en el planeamiento superaban los preceptos que se establecían en la citada Ley 9/2006. Asimismo, recordó que actualmente el proyecto está sometido a declaración de impacto ambiental, por lo que el Cabildo entiende que el contenido ambiental del proyecto es del "máximo nivel".

En cuanto a la superación del plazo de 18 meses de tramitación, el Cabildo entiende que se ha primado el interés general con un gran esfuerzo por consensuar el proyecto para obtener el mayor respaldo posible, "un esfuerzo en tiempo que nos ha hecho superar ese plazo", admitió Alonso, quien recordó la exposición de ocho trámites de información pública en cuyo último proceso solo fueron presentadas 34 alegaciones.

Por otro lado, la sentencia sí da la razón al Cabildo en, según el también presidente de Metropolitano de Tenerife, "la materia principal del recurso" que era la duda sobre las competencias en materia ferroviaria de la Institución.

Los ecologistas argumentaban que el Cabildo no tenía competencias para el desarrollo del proyecto pero el TSJC estima que la Corporación insular sí es competente en la medida en que es un servicio de naturaleza supramunicipal, según la Ley de Bases de Régimen Local, y que ha sido transferida a través de la Ley de Administraciones Públicas de Canarias sin necesidad de que opere decreto de traspaso dado que no existen medios ni personal que traspasar. De esta forma se validan los trabajos que, hasta el momento, el Cabildo ha venido realizando tanto en lo referente al tranvía como los proyectos ferroviarios.

El consejero también tachó de "paradójico" que la entidad recurrente nunca haya participado en los períodos de información pública y solo se haya limitado a presentar recursos en el TSJC en una "actitud tendente a paralizar, a través de la vía judicial, la promoción de los proyectos ferroviarios". Por otro lado, aclaró que la sentencia no invalida la solución propuesta en el trazado a su paso por el Monumento Natural de Montaña de Guaza.

Por último, Carlos Alonso subrayó que la sentencia del TSJC no supone retraso alguno en el desarrollo de la infraestructura y que el Cabildo mantiene los planes de iniciar las obras a finales de 2012. Aseguró que la declaración de impacto ambiental estará en el verano de este año y se seguirá tramitando la redacción de los proyectos constructivos, teniendo prevista su finalización en el primer semestre de 2012.