Santa Cruz de Tenerife

La jueza ve indicios de prevaricación y malversación en el "caso Hemodiálisis"

Tras sobreseer la causa abierta por un supuesto intento de soborno a dos responsables del SCS, la jueza Rosell ha abierto una investigación destinada a aclarar si, tal y como revelan los indicios, la Consejería de Sanidad favoreció la adjudicación del servicio de hemodiálisis a la empresa Lifeblood en cuatro hospitales.
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
4/mar/11 01:37
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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, ha dado por finalizadas las diligencias abiertas para aclarar el intento de soborno a una de las responsables del Servicio Canario de Salud (SCS) -la doctora Leocadia Palop-, para beneficiar a una empresa en un concurso en el año 2009 sobreseyendo la causa por considerar que no hubo hechos delictivos. No obstante, al mismo tiempo ha decidido abrir una investigación para determinar si "desde la Consejería de Sanidad se ha posibilitado de forma consciente y voluntariamente, de forma contraria a derecho y al interés público", la adjudicación del concurso de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa a la empresa Lifeblood.

Rosell ha tomado esta decisión por considerar que "de las diligencias practicadas se derivan indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas con funcionarias y malversación", especificando que "el entorno que se investigará se circunscribe a una Consejería del Gobierno de Canarias y a las decisiones de autoridades y funcionarios del Servicio Canario de Salud, así como las empresas que contratan con el mismo".

Asimismo, la jueza ha decretado el secreto de las actuaciones y ordena "tratar de evitar cualquier acceso ilícito a la causa mediante medios informáticos compartidos, tramitándola por el momento de manera externa al sistema informático del Gobierno canario".

Tras conocerse este auto judicial, el Partido Socialista ha solicitado "el cese inmediato del personal vinculado con la anterior consejera, Mercedes Roldós", puesto que según manifestó el diputado Manuel Fajardo Palarea "la Justicia ha venido a confirmar que el caso Hemodiálisis no era una invención de la prensa ni una artimaña para hacer daño al Partido Popular (PP), porque hay indicios de delitos gravísimos".

En este punto, Fajardo Palarea indicó que "sólo falta el cohecho para que estén presentes todos los delitos de los que se puede acusar a un cargo público" y mostró sus dudas de que "este asunto pueda quedar resuelto a corto plazo".

Tranquila, aunque muy crítica con el actual consejero, Fernando Bañolas, se mostró ayer Mercedes Roldós, que aseguró que el auto le parecía bien, puesto que la jueza estaba haciendo su trabajo igual que ella había hecho el suyo al frente de la Consejería, y recordó que ella firmó la adjudicación "después de que una mesa de contratación con experiencia y solvencia acreditada elevara una propuesta unánime de resolución".

No obstante, aseguró "no entender por qué Bañolas está tardando tanto en resolver el recurso interpuesto hace tres y meses y pico, puesto que la empresa que lo puso es a la que se le ha pedido que siga dando el servicio hasta que quede todo resuelto y, mientras tanto, se le sigue pagando".

Para Roldós el "caso Hemodiálisis" es "un instrumento de ataque al PP, cuando lo cierto es que se trata de un tema que podría haberse resuelto hace tiempo, en vez de seguir estirándolo como un chicle".

A su juicio, "este tema no da para más y lo que se tiene que hacer es convocar el concurso".

Respecto a la postura de Fernando Bañolas en este asunto, para la exconsejera "se trata de un señor que no tiene ni conocimiento ni experiencia de la legislación sanitaria ni de nada y que está tratando de enlodar la etapa anterior para hacerse notar como candidato de Coalición Canaria (CC) al Cabildo grancanario".

Aunque se muestra más dura con él calificándolo de "miserable" por haber puesto en entredicho en el caso de la concesión de pluses a la directora de Recursos Humanos, "que lleva en CC toda la vida", y a Guillermo Martinón y Lourdes Quesada, "que no tienen filiación política y que se han quedado al frente del Servicio Canario de Salud porque así se lo pidió el presidente del Gobierno de Canarias".

"Si no le gusta el equipo, que no lo hubiera pedido", sentencia.

Por su parte, el consejero de Sanidad evitó ayer pronunciarse tanto sobre el auto de la juez Rosell como sobre las declaraciones de su antecesora en el cargo.