Santa Cruz de Tenerife
EL HIERRO

La Justicia acusa al Cabildo de usar como vertedero ilegal una zona protegida

Un auto judicial del pasado 6 de septiembre ordena a la corporación que deje de enterrar y quemar residuos en La Dehesa, dentro del Parque Rural de La Frontera.
N.M., S/C de Tenerife
12/sep/11 1:17 AM
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Un auto judicial comunicado el pasado 6 de septiembre por el juzgado número uno de Valverde ha puesto en evidencia la actuación del Cabildo de El Hierro en la zona protegida conocida como La Dehesa, en el municipio de La Frontera, utilizado durante años como lugar de enterramiento y quema de residuos por parte de la corporación de manera presuntamente ilegal, tanto por el área de la que se trata como por los métodos usados y la falta de controles para minimizar la contaminación.

La justicia denuncia que el Cabildo abría zanjas de terreno en las que se producían los vertidos que eran quemados y, posteriormente, enterrados con material volcánico "sin que se impermeabilice la zona ni se tome medida de seguridad ni de protección medioambiental alguna".

El documento al que ha tenido acceso este periódico, firmado por la jueza Reyes Margarita Quintero Fernández, exige al Cabildo que suspenda esta actividad de "vertido incontrolado" en la zona mediante el sistema de "excavación de zanjas con depósito y enterramientos de todo tipo de residuos", además de notificar la situación a la Fiscalía y advertir de posibles responsabilidades penales a los responsables de la gestión desde al menos el año 2005.

La Dehesa es un espacio especialmente importante para el medio ambiente de El Hierro, ya que, además de encontrarse dentro de un parque rural, la zona está declarada de especial conservación y de protección de aves.

Hechos en tres fases

El auto judicial se produce años después de que la situación fuera hecha pública por la Asociación Cultural en Defensa del Medio Ambiente Ossinisa, tras lo cual se producen sendas denuncias del Seprona -unidad especializada de la Guardia Civil- y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun).

El caso se inicia en el año 2005, cuando se produce una primera fase de apertura de zanjas, descarga de residuos y quema "sin medidas y sin autorización", según el relato de los hechos que realiza la jueza.

En una segunda fase el Gobierno de Canarias autorizó en el espacio protegido un área para uso especial como vertedero controlado. No obstante, en el auto se destaca que, a pesar de ello, continuaron "de manera paralela los depósitos y los enterramientos en zanjas, tal y como se constató".

El agotamiento del espacio permitido por las autoridades forma parte de la tercera fase del caso que se encuentra bajo investigación judicial. El documento establece que "se ha sobrepasado el nivel de terrazas", algo que en principio debería haber puesto fin a los vertidos incontrolados.

No obstante, en la zona septentrional "se sigue con el sistema de zanjas y enterramiento de residuos de todo tipo, incluido los peligrosos". La actividad, en esta fase, se habría extendido fuera del área autorizada, unos 5.000 metros cuadrados con zanjas y enterramientos y otros 2.000 metros cuadrados usada para la extracción de picón.

Responsables de CC

Uno de los responsables de la Asociación Cultural en Defensa del Medio Ambiente Ossinisa, Samuel Acosta, relató ayer a este periódico que fueron los turistas quienes alertaron inicialmente de la existencia del vertedero ilegal, ya que la carretera de esta zona llegaba hasta el mismo lugar de los hechos.

Acosta apuntó como responsables de los hechos a los exconsejeros del Cabildo de El Hierro Javier Armas González -actual director general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias- y a Claribel González Ortega -concejala de CC en El Pinar-, así como a una funcionaria.

El responsable de Ossinisa dijo que las actuaciones del Cabildo se realizaron hasta "hace poco tiempo", a pesar de que la corporación insular "siempre negó los hechos", una política que cesó después de que "los cogiera tanto el Seprona como la Agencia -la Apmun- y empezara a actuar la justicia".

Según dijo, las actividades "llegaron a realizarse en una zona de especial valor, en una zona muy dentro del propio parque".