Santa Cruz de Tenerife

¿Y si la sanidad pública dejara de ser gratuita?

Ir al médico y que te cure sin tener que pagarle no tiene precio; bueno, lo cierto es que sí. En las Islas, una operación de cataratas cuesta 2.200 euros, dar a luz 1.147 y un día en la UVI 1.400 euros. El Gobierno de Canarias lo descarta, pero... ¿qué pasaría si se empezara a cobrar algunos servicios?
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
23/ene/12 1:06 AM
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Que la crisis económica tiene contra las cuerdas a la sanidad pública y que su sostenibilidad pende de un hilo no es nada nuevo, pero ¿qué pasaría si comenzaran a cobrarse, aunque fuera de forma simbólica, algunos servicios?

La respuesta no es sencilla, todo depende de qué medida se pusiera en marcha, si el euro por consulta o por receta, una subida indirecta de los impuestos o penalizar el abuso.

En cualquier caso, la mayoría de los canarios desconoce el precio que tiene la sanidad pública en las Islas, entre otras cosas porque, al contrario que en otras comunidades autónomas, cuando se finaliza una hospitalización no se hace entrega de una factura simbólica para que conozcan lo que le ha costado al sistema atender a sus necesidades médicas.

Algo tan simple como una operación de cataratas -que en Canarias son miles en un año y que, pese a todo, cuenta con una interminable lista de espera- cuesta entre 1.420 y 2.243 euros, según las necesidades del paciente.

Teniendo en cuenta que es una patología que se puede prevenir controlando la alimentación, evitando la luz brillante y los rayos UVA y manteniendo a raya enfermedades como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, quizás alguno vea en el coste de la operación otra razón para cuidarse.

Por ejemplo, la intervención de una ambulancia cuesta 408,87 euros, un día de ingreso en cualquier hospital de las Islas 457,65 y si es en la UVI o en el UCI el coste se eleva hasta los 1.420,40 euros al día. Pero las pruebas también cuestan lo suyo. Es el caso de una exploración urodinámica, que cuesta 101,05 euros, una resonancia magnética simple 369,92 euros, una ecografía convencional 89,37 euros y una analítica completa (incluyendo rastros de drogas y alcohol) 777 euros.

Dentro de las intervenciones quirúrgicas, las mas caras son las que se relacionan con los trasplantes. Así, el hepático está valorado en 31.358,09 euros, aunque la colocación de un by pass coronario no se queda corto con 7.797,24 euros, sobre todo cuando a más de un paciente hay que realizarle más de uno. Extirpar una mama tiene un precio de 995,22 euros y reconstruirla 1.159,78 euros. Eliminar las molestas varices costaría más de mil euros (1.022) de no ser porque lo costea la Seguridad Social, al igual que extirpar una amígdala costaría 558,84 euros o unas hemorroides 920,95 euros.

Dar a luz en un parto sin complicaciones cuesta 1.147,29 euros, y el doble si hay que practicar una cesárea o si el parto es múltiple.

Pese a que no se tienen datos exactos sobre el mal uso de los servicios sanitarios en las Islas, lo cierto es que con frecuencia los médicos alertan del abuso que muchos pacientes hacen, sobre todo los de mayor edad y fundamentalmente de las urgencias.

En este sentido, existe cierto consenso entre los profesionales sanitarios del Archipiélago y la clase política en que se debería controlar el uso que los pacientes hacen de la sanidad pública, "porque no todo puede ser gratis siempre y para todo el mundo". Por ejemplo, en Suecia -país modelo en cuanto al estado del bienestar- cuando alguien va a urgencias y si el personal médico comprueba que no es una urgencia le cobran 20 euros.

Lo que cabe pensar ahora es qué pasaría si esta medida se introdujera en los hospitales y ambulatorios canarios. En Galicia ya está en marcha y los pacientes que hagan un uso irresponsable de la sanidad pública tendrán que pagar. Así lo establece el decreto que entró en vigor en noviembre por el que la Xunta de Galicia fija las tarifas de los servicios sanitarios.

El problema es que no está claro quién decide dónde empieza el mal uso de los sanitarios, y los colectivos en defensa de la sanidad pública lo han rechazado por considerarlo un primer paso hacia el copago. Pese a las dudas la norma permite multar a cualquier usuario que "no comunique al sistema sanitario, con la mayor brevedad posible, que no usará, por cualquier causa, un servicio programado".

Otro modelo es el creado por el Govern catalán con la introducción de un "tíquet moderador" para evitar el mal uso de la sanidad.

Se trata de la creación de tasa en las recetas farmacéuticas emitidas por la sanidad catalana "con el objetivo de asegurar el mantenimiento y correcta utilización de los servicios públicos, por lo que los más pobres también deben hacer este tipo de medidas", en palabras de su presidente, Artur Mas.

En Canarias parece que aún quedan lejos este tipo de decisiones, y la Consejería de Sanidad asegura que ningún tipo de copago entra en sus planes. Pero las previsiones económicas, poco halagüeñas para los próximos años, hacen que no se descarte la posibilidad de que finalmente se tome alguna medida como las descritas antes.

No obstante, la Consejería recuerda que el Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene entre sus funciones orientar a los ciudadanos canarios sobre la necesidad de hacer un uso racional de los medicamentos y de los servicios sanitarios. Utilizando los medicamentos de forma racional, se favorece la necesaria eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, además, produce beneficios en términos de salud, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y el control de la cronicidad. Asimismo, insiste en que puede reducir las complicaciones de muchas patologías, los ingresos hospitalarios y, en consecuencia, tener un efecto potencial en la reducción de la mortalidad.

Entre los objetivos del SCS están disminuir la automedicación no responsable entre la población, mejorar el conocimiento del paciente sobre el autocuidado de su salud y la corresponsabilidad en sus tratamientos (cumplimiento de lo pautado por los médicos), así como el conocimiento de los pacientes sobre los medicamentos en general y los posibles problemas relacionados con ello.

"El uso racional de los servicios públicos conlleva que la población sea consciente de que los recursos públicos son de todos y, entre ellos, está la Sanidad. Se trata de hacer ver que hay que utilizar los recursos sanitarios con responsabilidad, sintiéndose la ciudadanía partícipe de los mismos", señala la Consejería.