Santa Cruz de Tenerife
ENRIQUE MARTÍN BRAUN

Nuestras costas son nuestras

10/jul/13 0:53 AM
Edición impresa

Un grupo de mesetarios con corbata ha logrado, después de una serie de estudios apreciables y muy atrac tivos para la actividad urbanística de este esquilmado país, situar en un mismo escenario a las comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias, unidas en esta ocasión por intereses afines. Se trata de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la recientemente aprobada Ley de Costas. Y es que estos señores, ignorantes de lo que significa ser isleños y costeros, además de proteger las especulaciones de los que ya se frotan las manos convencidos de las bondades que las nuevas normas significarán para sus bolsillos, han agrupado experiencias erradas anteriores para fusionarlas en otras modificadas y amparadas en el único argumento que proporciona la fuerza de legislar desde Madrid fraternalmente. Así, como es costumbre nacional, esto es, sin consultar con aquellos núcleos que van a ser perjudicados, han concebido una nueva ley que, según ellos mismos, terminará con las irregularidades cometidas tiempo atrás. Y, como igualmente es tradicional, esos empecinamientos cálidos de la Dirección General de Costas hacia determinados territorios (el canario, principalmente) han provocado la protesta y el cabreo de los políticos de las comunidades citadas, contrariedad que manifestó públicamente y en nombre de todos el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, quien, últimamente, no consigue sino recibir una ristra de mortificaciones desde la capital de las Españas, algunas de las cuales llegan dedicadas por el ministro converso canario Soria, como la negativa a bonificar las tasas aeroportuarias y sí en Baleares. Otra vejación.

Siempre han surgido los intereses creados y, en esta ocasión, de forma beneficiosa para zonas peninsulares y, especialmente, para Baleares y, concretamente, para Formentera, isla de características semejantes a El Hierro, con lo cual se produce un sobresaliente agravio comparativo inesperado en la isla del Meridiano. En el Archipiélago canario pueden verse afectadas 10.000 edificaciones, de las cuales más de 70 tomarán el camino de Cho Vito. La nueva normativa presenta una novedad importante: se reduce de 100 a 20 metros la zona de dominio público marítimo terrestre, con lo que se entra en un mundo más que difuso donde las competencias territoriales, ya consolidadas, resultan diluidas por concesiones amistosas, quedando relegadas las singularidades canarias contempladas en la Constitución, en Europa y en nuestra propia Comunidad. Parece que los políticos están de acuerdo con una de las normativas que tolera aumentar hasta los 75 años el plazo de las licencias en el litoral, pero, a la vez, exigen más requisitos que antes para declarar zonas urbanas situadas en áreas de protección, obligando a los ayuntamientos a informar en tres meses de la situación de esos núcleos urbanos que, sin embargo, ya se notificó con anterioridad. El consejero Berriel afirma, rotundamente, que "se ha beneficiado a dos o tres inversores privados en la Península (y de aquí, añadimos nosotros) y se olvidaron de los demás".

Uno de los órganos de la Administración donde florece el sectarismo en todo su esplendor es la Delegación del Gobierno Central, gobierne la derecha o la izquierda. Da lo mismo. Cualquier decisión que se tome por el Ejecutivo está bien tomada. En este asunto de la Ley de Costas se han apresurado a manifestar que favorece a Canarias, basándose en esa reducción de 100 a 20 metros la zona de servidumbre y justificando el caso de Formentera porque "casi toda la isla está dentro del dominio público". En Canarias se hará lo imposible por buscar "soluciones antes de llegar a situaciones extremas", olvidando los casos recientes de espectaculares desahucios. Como también se soslaya qué sucederá en esa nueva franja de oro que significa el espacio de 80 metros que quedará expedito para cualquier promotora, conocedora de esta nueva norma antes de publicarse. Un constructor de los conocidos por aquí puede realizar en esa zona liberada increíbles y formidables obras urbanísticas que demolerán los entornos cuidados y mimados por las distintas agrupaciones vecinales. De ahí la observación apuntada más arriba referida a lo confusa que iba a quedar esta ley y la urgencia de recurrir al Constitucional para que nuestras costas sean, de una vez por todas, nuestras.