Sociedad

Ordenan abrir el juicio oral del caso Stratvs en Lanzarote

Efe, Las Palmas
14/jun/15 1:34 AM
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Efe, Las Palmas

El Juzgado número 5 de Arrecife ordenó ayer la apertura de juicio oral contra los 17 imputados por la construcción de la bodega Stratvs en un espacio protegido, en un auto en el que exige al empresario Juan Francisco Rosa una fianza de casi 900.000 euros por responsabilidad civil.

En este caso se juzgan las múltiples irregularidades detectadas en la construcción de la bodega Stratvs en el paisaje protegido de La Geria, calificadas por la Fiscalía de Canarias como el "peor atentado medioambiental" que Lanzarote ha sufrido en 22 años.

El propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, se enfrenta en esta causa a una posible condena de 15 años de cárcel por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, falsedad documental e intento de estafa.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas propuso penas de prisión para diez de las 16 personas contra las que formula cargos en este caso, entre ellos el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que solicita 10 años de cárcel; el exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes, para el que el pide siete años; y a Gladys Acuña, a la que exige tres años y 10 meses.

Así mismo, exige la demolición de todo el complejo y que la sociedad que lo explota, BTL Lanzarote SL, pague una multa de 108.000 euros y tenga prohibido realizar por dos años actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria.

Técnicos y cargos públicos del Gobierno canario, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza también figuran como imputados por las supuestas irregularidades cometidas en la construcción y funcionamiento de "Stratvs", una bodega inaugurada en 2008 en el espacio natural protegido de La Geria tras una inversión que alcanzó en total los 18 millones de euros, que se presentó como "la más moderna de Europa".

La Fiscalía acusa a los imputados de delitos relacionados con la corrupción urbanística, por entender que otorgaron permisos a sabiendas de su "flagrante ilegalidad" y no adoptaron medidas de control pese a que lo construido y la actividad desarrollada tampoco se ajustó a lo que "ilegítimamente" se había autorizado.

En el auto difundido ayer por el TSJC, la jueza también pide una fianza de 636.568 euros para el arquitecto y copropietario del terreno donde se construyó la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana. Tanto Rosa como Armas Matallana disponen de un plazo de cinco días para depositar sus respectivas fianzas.