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El juicio del 9N sigue mañana con testigos sobre colegios que acogieron urnas

Barcelona, EFE
6/feb/17 15:47 PM
eldia.es
El expresidente catalán Artur Mas, junto a las exconselleras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña./Alberto Estévez (EFE)

Barcelona, EFE El juicio del 9N, iniciado hoy con la declaración de expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, seguirá mañana con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta.

La sesión de mañana del juicio, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), comenzará a las 9.00 horas con la declaración como testigos de los dos inspectores de la consellería de Enseñanza que denunciaron que el departamento convocó reuniones con directores de instituto para solicitarles que facilitaran el acceso a sus locales para la votación del 9N.

Estos dos testigos, Josep A. y Jesús R., que comparecerán en el juicio a propuesta de la Fiscalía y de la acusación popular, aseguraron en sus documentos que la directora territorial de Enseñanza en Barcelona, Montserrat Llobet, había convocado una reunión el 16 de octubre de 2014 para "impartir instrucciones" los directores de escuelas "para la utilización de sus centros" el 9N.

La Fiscalía da un gran valor a estos documentos, ya que opina que contradicen "directamente" la tesis defendida por la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, de que no se celebró ninguna reunión en tal sentido.

De hecho, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona, Montse Llobet, que será la tercera testigo en comparecer mañana, reconoció en la fase de instrucción que convocó dos reuniones -el 16 y el 22 de octubre-, con directores de instituto, aunque fue para informarles sobre el papel de los centros durante la consulta y para tranquilizarles ante su preocupación por si incurrían en alguna responsabilidad penal si abrían las puertas, y no para darles ningún tipo de instrucción.

Por el contrario, uno de los inspectores advirtió ante el juez de instrucción de que algunos de los directores que asistieron a las reuniones le informaron de que la directora territorial sí que les dijo que permitieran la apertura de los centros y que, si no se querían implicar en el proceso, buscaran a voluntarios para que lo hicieran.

El inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, que también comparecerá mañana como testigo, asistió a ambas reuniones, en las que, según declaró durante la fase de instrucción, no se presionó a los directores de instituto, sino que se les tranquilizó ante su inquietud sobre qué les podía ocurrir si dejaban entrar las urnas.

Una de las directoras de instituto que se negó a abrir sus puertas en la consulta fue la responsable del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Dolores A., que también está previsto que comparezca mañana en el juicio.

En fase de instrucción, esta directora aseguró que en vísperas del 9N, entre los días 6 y 7 de noviembre -una vez que el Tribunal Constitucional ya había suspendido la votación- recibió varias llamadas de la consellería de Enseñanza en la que la presionaron para que entregara las llaves de su centro para acoger las urnas.

A propuesta de la Fiscalía y la acusación popular, mañana también declarará la directora de un instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), que sí acogió urnas, y que en fase de instrucción aseguró que no fue presionada y que, como no había ningún voluntario entre los miembros del claustro, optó por entregar las llaves a la consejería, que se las dio a un voluntario de la consulta que trabajaba allí y a quien conocía.

Para mañana también está prevista la declaración como testigos del asesor en materia de opinión del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta, Joan Cañada, y la directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Elisabet Abad, que encargó a los presos la confección de las urnas y papeletas, por un valor de unos 50.000 euros.

También ha sido citado para mañana el entonces director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé, que asumió la organización informática de la consulta, y el presidente de la empresa Focus, a la que la Generalitat pagó 140.000 euros por montar la carpa que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9N.

En su declaración en fase de instrucción, Cañada, Abad y Escalé reconocieron que el gobierno catalán se implicó en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, día en el que el Constitucional suspendió la consulta, si bien matizaron que lo hizo de forma indirecta, ya que era muy difícil detener el engranaje del proceso, que, según alegaron, en muchos casos estaban en manos de las empresas contratadas.