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CATALUÑA / JUICIO POR EL 9N

Una directora de instituto dice que la Generalitat siguió dando órdenes tras el 9N

Barcelona, EFE
7/feb/17 14:21 PM
eldia.es
La exdirectora del Instituto Pedraforca de L'Hospitalet, Dolores Agenjo (2d), acompañada por el líder de Ciudadanos en L'Hospitalet (Barcelona), Miguel García, a su llegada esta mañana al TSJCat ./MARTA PÉREZ (EFE)

Barcelona, EFE La directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder su centro para el 9N ha asegurado que, entre los días 6 y 7 de noviembre, recibió órdenes del Departamento de Enseñanza para que entregara las llaves cuando la consulta soberanista ya había sido suspendida.

La directora, Dolores A., que formó parte de la lista electoral de Ciudadanos en las últimas autonómicas, ha revelado hoy, en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta del 9N, que el día 7 de noviembre recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, a lo que ella se resistió.

Según ha relatado la directora en su declaración como testigo, el 6 de noviembre la llamó un responsable del Departamento de Enseñanza para pedirle las llaves de su centro, pero Dolores A. se negó a hacerlo mientras no recibiera una orden por escrito, a lo que el funcionario contestó que debía consultarlo.

Ese mismo día y también al día siguiente -7 de noviembre-, ha añadido la testigo, recibió otras llamadas telefónicas de Montserrat Llobet en que esta le insistía en que entregara las llaves del instituto, advirtiéndole de que era "la última que quedaba" por hacerlo.

"Me sentía muy violenta, soy una persona con un elevado concepto de las jerarquías", ha relatado Dolores A., que insistió en pedir a Llobet una orden por escrito y se disculpó ante esta alegando que su intención no era "desobedecer", a lo que, según su versión, la directora de Servicios Territoriales le contestó: "Pues lo parece".

La directora del IES Pedraforca de L'Hospitalet volvió a objetar entonces ante Llobet que tanto la Delegación del Gobierno como la Alta Inspección de Enseñanza habían advertido de la suspensión de la consulta, lo que la responsable de Enseñanza rebatió recordándole que ella no dependía de estas administraciones, sino de la Generalitat.

En una conversación posterior, ha explicado la testigo, Llobet le comunicó que, ante sus objeciones, estaba dispuesta a facilitarle una orden por escrito para que entregara las llaves, pero le pidió que aclarara si pensaba enseñársela a alguien.

"Si tenía dudas sobre la legalidad de aquello, esto acabó de iluminarme", ha añadido la directora del IES de L'Hospitalet, que no tuvo reparos en reconocer ante la responsable de Enseñanza que tenía el propósito de enviar la orden escrita a la Alta Inspección y a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Tras esa conversación, en que Llobet afirmó que iba a realizar una "consulta", no volvió a recibir ninguna comunicación más del Departamento de Enseñanza ni nadie acudió a buscar las llaves de su instituto, que no fue punto de votación del 9N, según Dolores A.

La directora, que ya está jubilada, ha explicado que el día 7 de noviembre llegó un transportista a su instituto para depositar las urnas, pero ella le indicó que se marchara porque "no había recibido ninguna instrucción" en ese sentido.

La testigo ha aclarado que la persona encargada de trasladar las urnas era un transportista, no un voluntario, ante la insistencia de la Fiscalía, que pretende demostrar que la Generalitat mantuvo las gestiones para garantizar la logística del 9N después de su suspensión por el Constitucional, el 4 de noviembre.

La declaración de Dolores A. contradice lo que ha mantenido en su testifical ante el tribunal Elisabet Abad, exdirectora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) -cuyos presos confeccionaron las urnas de cartón utilizada en la consulta- y ahora senadora del PDeCAT.

Abad ha asegurado que, a fecha 30 de octubre de 2014, "el trabajo ya estaba hecho, entregado y facturado" y que no le constaba que la distribución de las urnas fuera "progresiva", pese a que así se desprendería del contrato de transporte que le ha enseñado la Fiscalía.

Por su parte, el testigo Daniel R. Martínez, consejero delegado de Focus -la empresa que se encargó de montar la carpa en la Fira de Barcelona en la que Artur Mas y Joana Ortega comparecieron la noche del 9N para proclamar y valorar el resultado de la votación- ha afirmado que, pese a que el contrato aparece firmado el día 7, en realidad se acordó el día 3, antes de la suspensión.

Según este empresario, el contrato lo acordaron verbalmente y no lo firmó hasta el día 7 -cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional- porque fue entonces cuando se lo encontró en la mesa de su despacho, en un lapso de tiempo que considera "habitual".

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