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CASO PÚNICA

El juez procesa a veinte personas no aforadas en la trama murciana de Púnica

Madrid, EFE
20/feb/17 17:18 PM
eldia.es

Madrid, EFE El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a veinte personas en la pieza sobre la red Púnica en Murcia, entre los que no figuran el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, ni la senadora Pilar Barreiro, por estar aforados.

Lo ha hecho en un auto en el que pide continuar la tramitación de este pieza de Púnica, la tercera de las catorce en que ha dividido esta trama, y en la que da traslado a la Fiscalía, al Ayuntamiento de Cartagena y la acusación popular para que informen de la apertura de juicio oral o del archivo de las actuaciones.

Precisamente, el pasado lunes, Velasco abrió una causa contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, a quienes acusó de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama de Púnica en Murcia.

No obstante, en este procedimiento no figuran ya la senadora ni el presidente de la Región al tratarse de aforados y por lo tanto, la competencia corresponde al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, respectivamente.

Anticorrupción pidió al juez que eleve una exposición razonada al Supremo proponiendo imputar en el caso a Barreiro, pero exime de delito a Sánchez porque no llegó a contratar con la trama, debido a que -como dice el juez- la Púnica estalló a finales de octubre.

Sí incluye en este procedimiento al conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (1991-1995) Jose Antonio Alonso Conesa, al que considera socio del primero y quienes lideraron una organización criminal con un "claro reparto de papeles" entre todos los investigados y "con la idea de perpetuar su acción delictiva convirtiéndola en un modo de vida".

Velasco habla de tres ramas delictivas en esta pieza separada de Púnica: una en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia a favor del exconsejero Juan Carlos Ruiz López; otra en el Ayuntamiento de Cartagena hacia la actual senadora Pilar Barreiro, y una tercera en la Consejería de Educación para Pedro Antonio Sánchez. Todos eran trabajos de reputación personales.

Se investiga la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta a estos políticos por parte de empresas de la Púnica a cambio de adjudicarles a esas sociedades contratos públicos, de manera que con esos fondos públicos se habrían pagado servicios de buena reputación en internet a Barreiro, Sánchez y el exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz López.

En la primera, dice el juez que Conesa y José Fidel Saura, jefe de gabinete de la Consejería de Industria, urdieron la idea de mejorar la situación política de Ruiz, para lo cual contactaron con De Pedro, ya que pretendía convertirse en candidato de su partido para la presidencia de Murcia, un puesto para el que también se postuló Sánchez.

Fue el mismo modo de actuar que acordaron para el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras.

Dichos trabajos fueron supuestamente sufragados por las Direcciones Generales de Turismo y de Fomento de la región, cuyas directoras estaban detrás de los procedimientos de contratación pública que emplearon para retribuirlos.

Se trata de María Dolores Martínez Robles, directora general de Turismo de la Región de Murcia, y Reyes Samper Henarejos, directora general del Instituto de Fomento murciano, ambas procesadas junto a Jesús Norberto Galindo, secretario general del Instituto de Turismo de la región.

En la trama del Ayuntamiento de Cartagena participaron Francisco de Asís Ferreño, ex jefe de gabinete de la alcaldía, y la funcionaria María del Mar Conesa, además de otros funcionarios y exdirectivos.

Mientras que en la tercera que afecta al actual presidente de la Región, que en aquella época era consejero de Educación, figura David Conesa, el que fuera jefe de gabinete de Sánchez.

En este caso, el magistrado afirma que en septiembre de 2014 De Pedro y Sánchez acordaron realizar trabajos en Internet y redes sociales que mejorasen su reputación ya que "pretendía convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia".

Velasco considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

Igualmente, también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

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