Santa Cruz de Tenerife

Empieza, 30 años después, el juicio sobre la propiedad de un edificio

Piden 22 años de cárcel y 1,8 millones a los cuatro acusados por una posible estafa y falsificación de documentos públicos en relación con un inmueble del Puerto de la Cruz.
Noé Ramón, S/C de Tenerife
12/oct/17 6:22 AM
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Después de treinta años, ayer comenzó en la Audiencia Provincial el juicio sobre la propiedad de cuarenta apartamentos y locales comerciales situados en el edificio Martiánez del Puerto de la Cruz. La Fiscalía pide para cada uno de los cuatro acusados 6 meses de cárcel, que la acusación particular eleva a cinco años y el abono de 1,8 millones de euros, por una supuesta estafa y falsificación de documento público.

En su momento llegaron a ser veinte los procesados, pero al haberse alargado el procedimiento durante tres décadas, al final la mayoría ha fallecido. La vista continuará el próximo lunes y está previsto que se extienda por otras tres jornadas más hasta el día 19.

Las propiedades fueron entregadas por los antiguos dueños como garantía de un préstamo por valor de 51 millones de pesetas, unos 307.000 euros. Sin embargo, la acusación dice que nunca se quiso cobrar este dinero porque los nuevos propietarios sabían que podían sacarle más rentabilidad si procedían a la venta de los locales y apartamentos. Así lo habrían hecho a través de una entidad bancaria y una inmobiliaria para acogerse al principio de tercero de buena fe.

Las defensas indican que en realidad nunca se llegó a pagar la deuda y por eso las propiedades pasaron a manos de los actuales titulares. Aseguran que desde la jurisdicción civil ya existen pronunciamientos que le han venido a dar la razón a sus defendidos y se les reconoce su titularidad plena. De esta manera en el año 1988 una sentencia del Tribunal Supremo (TS) dictaminó que para que los hoy denunciantes volvieran a ser los propietarios legítimos tenían que abonar la cantidad adeudada, más los intereses. "Pero lo cierto es que hasta la fecha no consta que hayan pagado ni un céntimo", dijo uno de los abogados de la defensa.

Los letrados de los acusados pidieron ayer durante las cuestiones previas que se anule el juicio ante la falta de legitimación por parte de los denunciantes al no constar que en su momento aceptaran la herencia. Dado que el procedimiento se ha alargado durante treinta años y, por lo tanto es uno de los más antiguos que se tramitan en la Audiencia, las defensas plantearon dilaciones indebidas y prescripción de los posibles delitos.

Cuestiones que el juez, Joaquín Astor Landete, señaló que ya se habían aclarado y descartado en su momento. Los representantes legales de la entidad bancaria que concedió las hipotecas y de la inmobiliaria que están personados como responsables civiles subsidiarios consideran extinguido cualquier tipo de relación con este caso.

Pero la Fiscalía rechazó estos argumentos, al igual que hizo la acusación particular, desde donde se reiteró que en su momento se llevó a cabo una compraventa para evitar que se pagara la deuda y poder quedarse con los apartamentos y locales comerciales. Indicó el abogado que la entidad bancaria y la inmobiliaria actuaron en connivencia con los acusados con el fin de "inmunizarlos" y por ello piden la nulidad de las hipotecas suscritas.