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La UE podrá imponer desde este viernes aranceles más elevados al 'dumping'

Bruselas, Europa Press
8/jun/18 7:19 AM
eldia.es
DAVID MOIR (EFE)

Las nuevas normas de defensa comercial de la Unión Europea entrarán en vigor este viernes 8 de junio, por lo que el bloque comunitario podrá responder mejor a prácticas desleales de productores extracomunitarios, por ejemplo imponiendo aranceles más elevados en algunos casos.

En concreto, la reforma de los instrumentos de defensa comercial cambian la regla del "derecho inferior", abrevian el periodo de investigaciones, aumentan la previsibilidad y la transparencia del sistema y "reflejan los altos estándares medioambientales y sociales de la UE", ha destacado la Comisión Europea.

"La UE cree en un comercio abierto y justo, pero no somos librecambistas ingenuos. Ahora contamos en nuestro arsenal con nuevas normas de defensa comercial para hacer frente a algunos retos que hoy plantea el comercio mundial", ha celebrado el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.

"Que nadie lo dude: haremos cuanto sea necesario para defender a los productores y los trabajadores europeos cuando otros distorsionen el mercado o se salten las normas", ha añadido en un comunicado.

Así, la UE reducirá de nueve a siete el periodo de investigación para imponer medidas provisionales. Las empresas contarán además con un sistema de "alerta temprana" que les informará en caso de que vayan a establecerse derechos provisionales, de forma que se puedan adaptar a la nueva situación.

También se establece un servicio específico de asistencia técnica para pymes con el objetivo de que les resulte más fácil participar en procedimientos de defensa comercial.

Mediante los cambios introduciros en la "regla del derecho inferior", el bloque comunitario podrá imponer derechos de aduanas más elevados en casos de subvenciones ilegales o de dumping relativos a productos fabricados con materias primas y energía suministradas a un precio "artificialmente bajo".

Por último, la Comisión Europea tendrá que tener en cuenta los costes del cumplimiento de la legislación social y medioambiental en sus investigaciones para calcular los niveles de aranceles que pueda imponer, basándose en el perjuicio económico causado a las empresas.