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UGT pide actualizar la bolsa del personal interino de Justicia

El delegado sindical José Gregorio Pérez Sosa explica que ahora el 42% de la plantilla de los juzgados en Canarias es interino.
El Día, S/C de Tenerife
27/dic/18 6:22 AM
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El Día, S/C de Tenerife

El secretario del Sector de Administración Autonómica de UGT Canarias, José Gregorio Pérez Sosa, plantea la necesidad de que el Gobierno canario regule y actualice la bolsa de personal interino en el área de Justicia. Pérez Sosa comenta que la última revisión se produjo en el año 2009 y su vigencia es de tres años, con lo cual el citado documento está más que obsoleto.

El delegado del citado sindicato explica que ese informe recoge aspectos como la experiencia laboral de cada empleado público interino, así como la formación académica o especializada que dicha persona ha adquirido en los últimos años.

En opinión de Pérez Sosa, ahora puede haber en el Archipiélago trabajadores "infravalorados", en la medida en que, si no se ha reconocido la carreras universitaria que han terminado en estos últimos ejercicios, puede estar catalogado en un cuerpo de funcionario inferior al que realmente le corresponde por su preparación.

El portavoz de UGT manifiesta que uno de los principales logros alcanzados en este año que acaba es haber frenado algunos aspectos contemplados en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gracias a la votación realizada por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el pasado 20 de diciembre.

Uno de los artículos frenados consiste en que el personal interino de la Administración de Justicia se renueve por cada seis meses. Para José Gregorio Pérez Sosa, la anulación de tal requisito es positiva para el funcionamiento de los juzgados y para los ciudadanos, sobre todo en Canarias donde existe un "alto porcentaje" de interinidad.

El representante de la UGT estima que un 42% de los empleados públicos en los juzgados de las islas es "interino".

Para Pérez Sosa, tal aplicación hubiera generado una mayor "inestabilidad" en las plantillas y sin mejorar la operatividad de los órganos judiciales.

Señala que un trabajador interino, con el paso del tiempo, acumula experiencia, mayor agilidad y conocimiento de los trámites a seguir, llegando a especializarse en una determinada Jurisdicción.

Otro de los puntos que se logró frenar el pasado 20 de diciembre fue el de los centros de destino. Dicha medida consistía en que, frente a lo que ocurre ahora, que un funcionario puede solicitar destino para un juzgado concreto, el trabajador público pedía ir a un determinado municipio, en el que se le asignaría al órgano judicial donde fuera más necesario. En palabras de Pérez Sosa, dichos empleados públicos se hubiesen convertido en "fichas de parchís", por lo que la incorporación de la medida hubiera sido "otro paso atrás".

En el Congreso de los Diputados, todos los grupos se opusieron también a la reducción del salario por estar de baja. En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular y con la aceptación inicial del PSOE, se "castigaba" a aquellos trabajadores que se pusieran enfermos. Entre el primer y el tercer día con baja se les hubiese quitado el 50 por ciento del salario que percibe diariamente, mientras que el descuento hubiera alcanzado el 25% si se produjera una baja de entre cuatro y 21 días.

Pérez Sosa calificó de logro haber frenado tales propuestas gubernamentales.