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Las oposición venezolana prepara el marco legal para un gobierno de transición

Caracas, EFE
6/feb/19 7:20 AM
eldia.es
Juan Guaidó (2d, arriba)./Miguel Gutiérrez (EFE)

Caracas, EFE La oposición venezolana comenzó a preparar hoy el marco jurídico para un eventual gobierno de transición en su país al aprobar desde el Parlamento, donde tiene mayoría, un proyecto de Ley que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder.

La herramienta, llamada Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, fue aprobada por la mayoría opositora de la Cámara y dispone, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas.

El texto establece que deberán ser convocadas elecciones antes de los doce meses de haber sido constituido el Gobierno de transición, y que habrán de renovarse los poderes públicos, incluido el electoral.

Además, la ley faculta al Parlamento para asegurar "el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio", una clara alusión al levantamiento de la inhabilitación política que recae sobre varios líderes opositores, entre ellos el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles.

También le otorgará competencias para dictar leyes que permitan atender la "emergencia humanitaria" que asegura el antichavismo padece Venezuela, y promuevan el rescate de la economía del país, que según la misma Cámara ha perdido más de la mitad de su volumen desde 2013.

El texto se desgrana en 6 capítulos y 40 artículos, 4 más de los iniciales, una vez que fueran agregados los que autorizan al Legislativo para nombrar la directiva de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, controlar activos recuperados, establecer una "gaceta" informativa y resolver todo lo que no haya previsto el estatuto.

El Parlamento también debatió sobre la ayuda humanitaria que ha pedido para Venezuela y explicó que se encuentra coordinando el ingreso al país de su primer lote, pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, que la ha calificado de "limosna".

Estas primeras donaciones provienen de empresas con capital venezolano en el extranjero, del Gobierno colombiano y de Estados Unidos, según el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria.

El parlamentario explicó que el Legislativo no hará entregas directas a los necesita,dos, sino que coordinará el traspaso de las donaciones hechas por gobiernos y empresas a las ONG, que serán las que asignen las ayudas.

"La ayuda humanitaria no es una limosna. Es una necesidad urgente en nuestro país, de cientos de miles de venezolanos que no tienen alimentos ni medicinas", dijo el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien hace dos semanas juró asumir las competencias del Ejecutivo y cuenta con el respaldo y reconocimiento de numerosos países.

El líder opositor pidió, en ese sentido, a quienes resguardan las fronteras desacatar órdenes que busquen afectar el ingreso de estos productos, y anunció que cuando llegue el momento presentarán ante la Cámara la metodología de entrada, las cantidades y los destinos de esos productos.

Entretanto, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, un foro no reconocido por la oposición ni por diversos gobiernos del mundo, alertó sobre la advertencia de Maduro acerca de un posible adelanto electoral para sustituir al actual poder legislativo, y nombró a una comisión especial para hacer una consulta a la población sobre esa convocatoria.

El presidente de este foro chavista, Diosdado Cabello, que ha venido amenazando con esta convocatoria desde hace meses, recomendó que la consulta se realice "a la brevedad posible".

"(En) esto no debería haber ningún problema porque ya aquí hemos hecho elecciones para gobernadores, alcaldes (...) y hemos escuchado que la oposición ha pedido elecciones. Creo que es una forma de complacer a la oposición", ironizó Cabello.

La oposición venezolana clama por la celebración de elecciones presidenciales libres y justas, pues consideran un fraude el proceso electoral de mayo pasado por el que resultó reelegido Maduro.