Sucesos

Quince condenados por fraude al vender pisos de protección oficial

La Audiencia Provincial establece sanciones a los procesados que suman 103.000 euros y niega que la responsabilidad civil subsidiaria deba caer sobre el Gobierno de Canarias.
Noé Ramón, S/C de Tenerife
9/abr/19 6:36 AM
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Quince condenados por fraude al vender pisos de protección oficial

Noé Ramón, S/C de Tenerife

Un total de quince condenados que deberán hacer frente a responsabilidades civiles por valor de 103.000 euros es el saldo del fraude que consistió en la descalificación de viviendas de protección oficial (VOP). De esta manera era posible eliminar las limitaciones asociadas a esta categoría y proceder a su venta sin acudir al precio máximo fijado legalmente o solicitar una hipoteca. Lo que quedó descartado es que la Comunidad Autónoma sea responsable civil subsidiario, ya que desde que se conocieron los hechos la propia Administración tomó las medidas que se consideraban necesarias y que en algunos casos son calificadas de ?radicales?.

En realidad, fueron veinte las personas que hace justo un año se sentaron en el banquillo de los acusados, de las que cinco quedaron absueltas y el resto aceptaron penas de cárcel de un mínimo de seis meses y un máximo de un año. Todos ellos fueron considerados autores de los delitos continuados de falsedad en documento oficial, fraude y exacciones ilegales.

Pero no ha sido hasta hace escasas fechas cuando la Audiencia Provincial emitió la sentencia dado que aún no se había fijado la responsabilidad civil a la que tenían que hacer frente y que deben abonar a cerca de medio centenar de ciudadanos que resultaron estafados. Las cantidades oscilan entre un mínimo de 1.200 euros y un máximo de 15.000.

Las víctimas de la estafa pagaban entre 2.000 y 9.000 euros a los imputados para facilitar la posibilidad de establecer un valor libre de mercado. También era posible que los dueños acudieran a operaciones de financiación de créditos que serían inviables de haber seguido siendo consideradas sus casas como de protección oficial.

En total la Fiscalía solicitaba penas que oscilaban entre los nueve meses y los cinco años de prisión hasta sumar alrededor de 90 años e indemnizaciones por valor de 125.000 euros. Los investigados fueron considerados culpables de utilizar sus empleos en el Instituto Canario de la Vivienda para ofrecer a los propietarios la posibilidad de eliminar estas trabas administrativas. Todos ellos pagaron un precio creyendo que recibían un certificado por medio del cual devolvían las ayudas y subvenciones obtenidas. También acudían personalmente o a través de estos acusados a liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), para inscribir en los registros de la propiedad la liberalización de las viviendas. Al no estar cruzados los archivos de estas entidades con las del Instituto no se detectaban la anomalías e irregularidades de los documentos considerados fraudulentos. Para cometer la estafa o bien contactaban de forma directa con los propietarios, o usaban intermediarios como podían ser inmobiliarias que se beneficiaban del aumento del precio o de la financiación de hipotecas. Una vez hecho el pago, los acusados se comprometían a conseguir los documentos precisos que simulaban tanto las certificaciones emitidas oficialmente como la intervención del director general de Vivienda mediante la imitación de su firma.

En el sumario se relatan casos que son prácticamente similares; entre los años 2003 y 2005, cuando los ciudadanos estaban en el Instituto esperando a ser atendidos se les acercaba uno de los acusados, que les ofrecía la posibilidad de descalificar la vivienda a cambio de diversas cantidades que a veces llegaban a los 9.000 euros.

Tras abonar el dinero y transcurrido un período de tiempo, el condenado le entregaba un documento que aparentaba ser un certificado oficial que permitía vender la casa o pedir una hipoteca.