Nacional
NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO*

Tiempo de justicia (X): EXCEPCIÓN JUDICIAL

Catedrático de Derecho Procesal y Abogado
13/abr/19 6:45 AM
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Quosque tandem abutere Honesta Valde Torra patientia nostra? Con estas palabras le hubiera interpelado Cicerón hace más de veintiún siglos, President, de haber tenido que sufrir desde Roma sus ocurrencias, pronunciadas desde Hispania, en su intento de justificación de una tentativa golpista, con su diatriba contra las decisiones del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en relación con el 1-O. Aunque todos los alumnos de Bachillerato que leíamos las Catilinarias recordamos el significado de la frase, se la traduzco, por si la ha olvidado (o considera el latín una lengua indeseable, por ser en su día invasora del territorio catalán): Fins quan Molt Honorable Torras abusaràs de la nostra paciència. Seguro responderá que hasta que el Gobierno y el Senado se lo permitan y tendrá razón: son cosas de la Constitución que le confiere el poder que ostenta, mientras Vd. la aborrece y, poc honorablement la trata de humillar.

En lo que también acierta es en hablar de estado de excepción judicial, aunque no por el motivo que lo hace, sino justo por el contrario. Sr. Torra, ha de saber que los jueces aplican la ley, que establece límites al poder político en garantía de los derechos de la ciudadanía y del sistema democrático. La judicatura se sitúa en el lugar de la excepción a la regla de la expansiva tendencia de todo poder gubernativo a hacer su voluntad arbitraria, siempre y en cualquier lugar. Se inserta en un mecanismo llamado Estado de Derecho, al que es consustancial la independencia judicial: evita que Vd. pueda hacer lo que le plazca con el poder si una mayoría se lo consiente y sus subordinados le acompañan al terreno de lo antijurídico o miran para otro lado. Una eventualidad siempre preocupante, por el posible abuso en el ejercicio de poder político, que -en su caso- puede producirse en el desarrollo diario de sus potestades en la Generalitat.

Por ejemplo, se discute la legalidad de la concesión del tercer grado penitenciario a Oriol Pujol, por si puede haber existido trato de favor. El Sr. Pujol fue condenado por un delito de corrupción en el que fue denominado caso ITV por el cobro de sobornos a dos años y medio de prisión. Para el susodicho, su familia y sus amigos una condena nada agradable. Toda pena -claro- supone la aplicación de un mal desde la perspectiva del condenado. Pero la sanción no solo responde al brocardo dura lex sed lex. Tiene la finalidad de proteger relevantes intereses sociales en el cumplimiento del ordenamiento jurídico: prevención general y especial; reinserción y también significa que la autoridad legítima responde proporcionadamente al delito, para que la sociedad no se tome la justicia por su mano. Como Vd. parece que ve bien que tumultuariamente se impida la actuación de las comisiones judiciales en el desempeño de sus funciones, no sé si comprenderá el objetivo expuesto en último lugar. Pero no nos detendremos en ello.

Sutherland acuñó en 1939 la categoría de delincuencia de cuello blanco para referirse a la criminalidad económica que, al actuar con chaqueta y corbata contra los derechos de los trabajadores, consumidores y contribuyentes, se ampara en los prejuicios de clase para cubrir, con el manto de la impunidad, sus fechorias. El autor no analizó un posible sesgo nacionalista en la valoración de las conductas de los depredadores del patrimonio ajeno y/o común gracias a sus relaciones políticas y empresariales. Pero aquí y ahora resulta ineludible incluir el factor referido en la indagación de la razón por la cual, mientras el común de los mortales se despeña de cabeza, otros caen de pie. Reconocerá que es una pregunta pertinente para las autoridades penitenciarias de la administración que Vd. dirige.

Precisamente, gracias al principio constitucional de exclusividad jurisdiccional, el análisis que Vds. hagan sobre la cuestión no es decisorio. Lo será el pronunciamiento judicial que se produzca a raíz del recurso que la Fiscalía ha anunciado. En efecto, la jurisdicción està justo en el punto en que se sitúa la excepción normativa a la regla empírica de la imposición del capricho de los gobernantes. Sin los jueces, los políticos -como Vd.- lograrían esclavizarnos. Bendita excepción.

*Catedrático de Derecho Procesal y Abogado

NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO*