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Solicitan que los presidentes de los cabildos puedan ser diputados

La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai) asegura que esta limitación dispuesta en la ley que regula las corporaciones insulares es inconstitucional.
Efe, S/C de Tenerife
11/may/18 6:16 AM
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La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai), integrada por los presidentes de las siete corporaciones insulares, pidió ayer que cuando se modifique la ley de cabildos se suprima la norma que impide a los presidentes de cabildos ser al mismo tiempo diputados en el Congreso.

El presidente de la Fecai, Carlos Alonso, informó tras la reunión de la asamblea de cabildos que la limitación que impide a los presidentes insulares ser diputados es inconstitucional, por lo que debería de eliminarse de la ley de cabildos.

Asimismo reclamó que cuando se modifique la ley de cabildos se incluya una norma que garantice que haya suficiencia financiera cuando los cabildos asuman alguna competencia, cuestión que, a su juicio, no está suficientemente clara en la ley vigente.

Asimismo, la Fecai suscribió un acuerdo para la movilidad laboral de los trabajadores de las diferentes administraciones insulares así como la propuesta de modificación de la Ley 8/2015 de 1 abril. Esta medida empezará a aplicarse a partir de ahora y persigue "optimizar" los recursos públicos y evitar el inicio de nuevos procedimientos cuando no se cubra la demanda en primera instancia.

Según Alonso, esto permitirá que las listas de reserva de personal que se creen a partir de ahora puedan ser utilizadas por el conjunto de cabildos.

Así, si por ejemplo el Cabildo de Tenerife convoca una lista para cubrir personal, los candidatos que pasen esas pruebas puedan también acceder al resto de corporaciones insulares.

las claves

La Fecai reclama que, cuando se cambie la ley de cabildos, se incluya una norma que garantice que haya suficiencia financiera cuando los cabildos asuman alguna competencia.

Han suscrito un acuerdo para la movilidad laboral de los trabajadores de las administraciones insulares para "optimizar" los recursos públicos y evitar el inicio de procedimientos.