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Pacheco niega una "amnistía fiscal encubierta" en la Agencia Tributaria Canaria

Santa Cruz de Tenerife, EFE
18/sep/18 15:28 PM
eldia.es
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, conversa con la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro./Cristóbal García (EFE)

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha negado hoy la existencia de una "amnistía fiscal encubierta" por parte de la Agencia Tributaria Canaria, en referencia al elevado volumen de recursos pendientes de cobro.

La posibilidad de una "amnistía fiscal encubierta" fue mencionada en comisión parlamentaria por el diputado de Podemos Manuel Marrero, durante la presentación por parte de Pacheco de un informe de la Audiencia de Cuentas sobre los ingresos pendientes de cobro de la Comunidad Autónoma antes de 2016.

La cifra ascendía a finales de 2015 a casi 433 millones de euros y en la recaudación ejecutiva "se ingresan en mayor porcentaje las liquidaciones de cuantías reducidas que las de importes elevados", según refleja el informe.

El aumento de los derechos pendientes de cobro y de las prescripciones, en muchos casos por falta de notificación por parte de la Administración, generó críticas e incluso indignación entre los miembros de la oposición durante el debate parlamentario.

Pedro Pacheco aclaró que la Audiencia de Cuentas no ha observado "ningún tipo de amnistía fiscal" y señaló que gran parte de las dificultades recaudatoria de la Agencia Tributaria Canaria en esos años fiscalizados se deben a motivos informáticos, por el mal funcionamiento de una aplicación y la falta de conectividad entre los programas.

Además, el éxito del cobro en la vía ejecutiva es mayor cuando se trata de pequeñas cantidades que cuando son elevadas, justificó, de manera que no hay ningún tipo de amnistía.

Pacheco afirmó que se han dado pasos para eliminar muchos de los problemas de conectividad informática y destacó que aunque la fiscalía del Tribunal de Cuentas instruyó diligencias preliminares por responsabilidad contable ante la elevada cantidad de derechos pendientes de cobro el caso fue archivado.

Según indica el informe de la Audiencia de Cuentas, que llegó al Parlamento en diciembre de 2016 y se ha debatido casi dos años después, al cierre del ejercicio de 2015, la comunidad autónoma tenía 432,8 millones de euros pendientes de cobro, casi todo en impuestos directos e indirectos, tasas y precios públicos, una tendencia creciente desde años anteriores.

El 55% de esos derechos pendientes tenía una antigüedad superior a cuatro años, es decir, cercanos a su prescripción, y había 9.593 liquidaciones pendientes de notificar, de las cuales 8.669 llevaban más de cuatro años en esa situación.

Para Elena Luis, de CC, el problema de los pendientes de cobro era sobre todo por la crisis económica. Así como los bancos llegaron a un 10% de morosidad, la Comunidad Autónoma solo tenía un 5%, a lo que contribuían los problemas informáticos, dijo.

La situación se ha ido solventando y se ha creado una unidad administrativa de control de las prescripciones, comentó.

Pero para Iñaki Lavandera, del PSOE, a los problemas informáticos hay que sumar la mala gestión, puesto que los problemas iban en aumento en el periodo fiscalizado.

José Tomás Estalella, del PP, consideró "un desastre absoluto" la falta de recaudación y la prescripción de las deudas con la Comunidad Autónoma, y especialmente lamentable es que una parte de ellas sea por la incapacidad para notificarlas.

"El responsable no es el sistema informático, sino las personas que no dan los medios necesarios para recaudar en tiempo y forma unos derechos de cobro que son de todos los canarios", sentenció.

Para Manuel Marrero, de Podemos, ha quedado en evidencia la pésima gestión de la Agencia Tributaria Canaria con el amontonamiento de los derechos no cobrados.

La diputada de Nueva Canarias Esther González indicó que el informe demuestra la "nefasta gestión" recaudatoria de la Agencia Tributaria Canaria y alertó de que lo peor es que se sigue produciendo.

Jesús Ramos Chinea mostró su indignación con la falta de diligencia en el cobro, con la prescripción de muchos derechos y con un sistema informático que es "un despropósito".

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