Canarias

Arrendatarios de viviendas sociales reclamarán su propiedad en los tribunales

Santa Cruz de Tenerife, EFE
19/sep/18 15:54 PM
eldia.es

La presidenta de la Plataforma Ciudadana Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, anunció hoy durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias que van a acudir a los tribunales para demandar al Gobierno de Canarias la propiedad de las viviendas sociales que mantienen arrendadas a Visocan, empresa a la que acusan de no ocuparse de su mantenimiento.

Araceli Refoyo, que compareció en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda invitada por el PP, dijo que los afectados por el caso de estas viviendas, ubicadas en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria, llevan veinte años esperando una solución.

Estas personas pidieron la adjudicación de viviendas sociales y fue el Gobierno de Canarias el que entonces decidió alquilárselas, y traspasó la propiedad a Visocan, empresa pública de la Comunidad Autónoma.

Visocan "cobra alquileres desorbitado de 400 euros sin preocuparse del mantenimiento de la vivienda", muchas sin condiciones mínimas de habitabilidad, con vicios ocultos desde su construcción y con graves desperfectos de grietas y humedades que no se reparan, denunció.

Aunque se cobra a los arrendatarios una cuota de mantenimiento y otra de seguro, luego Visocan se desentiende de asumir las reparaciones, dijo la afectada.

Otro problema es el registro equivocado de las viviendas en el catastro, lo que repercute en los recibos del IBI, por los que además Visocan les aplica un recargo.

Para que los arrendatarios no puedan comprobar los conceptos por los que Visocan les cobra, no desglosa en los recibos los conceptos, denunció.

En estos años "hemos pagado con alquileres el doble del valor inicial de las casas", que además están sin mantenimiento, y "no entendemos que una empresa pública se lucre a costa del derecho constitucional a la vivienda", dijo la presidenta de la Plataforma.

Sus propuestas para conseguir la transmisión de las viviendas no son atendidas por los responsables de la Consejería de Vivienda y se sienten engañados por ellos, relató Araceli Refoyo, y afirmó que la consejera, Cristina Valido, adquiere solo compromisos verbales pero luego ignora los correos que la envían.

"Vamos a ir por la vía legal y presentar una reclamación patrimonial contra el Gobierno de Canarias para acceder a la titularidad de las viviendas", anunció.

La diputada del PP Josefa Luzardo calificó de "sangrante" que los afectados tengan que ir a los juzgados para reclamar sus derechos y consideró que Visocan "no tiene ningún interés de entregar la propiedad porque es su sustento".

Dolores García Martínez, de CC, dijo que no todas las familias están en las mismas condiciones y la adquisición de las viviendas es un proceso voluntario, por lo que para hacer bien el proceso hay que ir familia por familia y conocer la realidad de cada una.

Teresa Cruz Oval, del PSOE, criticó el "interés comercial" de Visocan en mantener la propiedad de las viviendas, lo que la aleja de la función social que debe tener toda entidad pública.

La diputada de Podemos Noemí Santana denunció las "malas prácticas de Visocan", empresa a la que Luis Campos, de Nueva Canarias calificó de "mal casero" por cobrar el alquiler y despreocuparse del mantenimiento, mientras que Melodie Mendoza, de ASG, instó a la Consejería a resolver la cuestión y traspasar la propiedad de las viviendas sociales.