Canarias

USO exige cambiar la empresa de seguridad de Valle Tabares

El sindicato recuerda al viceconsejero de Políticas Sociales que Alcor presuntamente incumple los horarios y los salarios contemplados en el convenio sectorial de los vigilantes.
El Día, S/C de Tenerife
13/dic/18 6:18 AM
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Encuentro del viceconsejero de Políticas Sociales y los representantes de USO./El Día

El Día, S/C de Tenerife

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) reclama al Gobierno de Canarias que rescinda con la empresa Alcor el contrato de adjudicación del servicio de seguridad privada en los centros de internamiento educativo para menores infractores del Archipiélago, situados en Valle Tabares (Tenerife) y La Montañeta (Gran Canaria).

Este planteamiento se realizó en la reunión mantenida el pasado martes por tres representantes de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP) de USO Canarias con el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autónomo, Francisco Candil González.

El argumento esgrimido por los portavoces sindicales es que la mencionada sociedad "no cumple con el convenio colectivo de los trabajadores contratados".

Según USO, los empleados de la citada empresa realizan un cómputo mensual de 182 horas, mientras que el convenio colectivo del sector, que tiene aplicación a nivel nacional, estipula que debe ser de 162.

Otro de los aspectos criticados por los representantes de la organización sindical se refiere al salario, que en el caso de los vigilantes de los centros de internamiento de menores con medidas judiciales de las islas está "muy por debajo del convenio sectorial".

Desde hace varios años, diferentes sindicatos luchan contra aquellas compañías de seguridad privada que no aplican el acuerdo nacional, sino que se rigen por su propio convenio de empresa, cuyas condiciones son peores que el anterior.

En el encuentro del pasado martes asistieron por parte de la organización sindical el secretario de Organización y Finanzas, Gilberto Bethencourt Hernández; el secretario de Acción Sindical, Enrique Marrero Ramos, y el secretario de Formación, Adán Díaz Galindo. Los delegados de USO Canarias hicieron hincapié sobre la importancia de que ninguna de las empresas denominadas "piratas" (aquellas que aplican su propio convenio y no tienen en cuenta el acuerdo nacional) acceda a un contrato con las administraciones, ya que los tribunales han anulado de forma reiterada su forma de operar con el personal.

Para los portavoces del sindicato, estas compañías se aprovechan de "los tiempos de la Justicia" y generan a los empleados "precariedad laboral y padecimientos económicos". En la reunión también se abordó el cambio en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la "sucesión-subrogación de estas empresas", ya que la administración debe tener un mayor control sobre este tipo de sociedades mercantiles, para que estén al día en el pago de nóminas y Seguridad Social.