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El Gobierno sanciona el cambio de PCI a renta canaria de inclusión

Los beneficiarios y el presupuesto de esta ayuda para los menos favorecidos, que debe aprobar el Parlamento de Canarias dentro de la Ley de Servicios Sociales, irán creciendo gradualmente hasta 2023.
El Día, S/C de Tenerife
15/ene/19 6:15 AM
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El Día, S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias presentó ayer una hoja de ruta para que la prestación canaria de inserción (PCI) se convierta en una renta canaria de inclusión que mejore la situación de unas 32.000 familias hasta 2023, periodo en el que se destinarán 135 millones, más del doble del presupuesto actual.

La previsión del Gobierno es que en los próximos cinco años se incorporen nuevos perfiles, como la cobertura indefinida para las familias en exclusión con menores a su cargo, las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos y las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que se trata de uno de los acuerdos a los que el Gobierno llegó con los agentes de las mesas de Concertación Social en los pactos firmados a principios de octubre.

"El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para que la PCI se convierta en una auténtica renta de ciudadanía que dé cobertura a más personas, como recoge la reforma del Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado 6 de noviembre", manifestó.

Asimismo, explicó que de esta manera el Ejecutivo da los pasos necesarios para contar, de manera gradual, con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia.

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción, ha precisado.

La nueva PCI incluye itinerarios hacia la inserción, por lo que se motiva y se prepara a los perceptores para salir del sistema de prestaciones sociales por sus propios medios, destacó la consejera Valido, quien ha opinado que "una renta mínima garantizada que no se basa en el compromiso de integración del perceptor de la renta no es sostenible".

En cuanto a los cambios legislativos necesarios, la consejera comentó que antes el Parlamento de Canarias tiene que aprobar la Ley de Servicios Sociales, que se tramita desde el pasado 18 de enero, y que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción.

La Ley de Servicios Sociales contempla que los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, ha resaltado la consejera, quien ha anunciado que, progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia.

Universidad Hespérides

El Consejo de Gobierno de Canarias tomó en consideración la propuesta presentada por la empresa Universidad Libre de Canarias, SL, para la creación de un nuevo centro académico privado de educación superior en las islas, que se denominaría Universidad de las Hespérides e impartiría todas sus titulaciones a través del modelo de enseñanza no presencial. El proyecto presentado propone implantar ocho titulaciones, cuatro grados universitarios y cuatro másteres.

Explotación ganadera

El Consejo aprobó la legalización de una explotación de ganado vacuno ubicada en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás. La primera de este año y la número 45 de las legalizadas desde enero de 2016. Estos procedimientos tienen como objetivo regularizar la situación urbanística en la que quedaron muchas granjas con los cambios normativos.

El Gobierno de Canarias aprobó ayer, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aumentar en 1.279.368,40 euros el gasto específico para la contratación del escrutinio del proceso electoral previsto para las elecciones autonómicas previstas para el próximo 26 de mayo. Este concepto se incrementa así hasta los 2,1 millones desde la cantidad establecida a este mismo fin en el proceso celebrado en 2015, de 845.000 euros, lo que supone una partida global de 3.362.878,4 euros destinada al proceso electoral en 2019. El consejero, José Miguel Barragán, explicó que, a diferencia de los últimos procesos electorales, el Ejecutivo estatal optó por celebrar un acuerdo marco de cara a los próximos comicios autonómicos en el que se no incluyó a las comunidades autónomas, obligando así a que cada una licite la contratación del escrutinio por su cuenta. Ante esta situación, y en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, el Gobierno canario ha estimado necesario sacar a licitación dicho contrato mediante el procedimiento abierto por ser el que mejor que garantiza los principios de transparencia, proporcionalidad, relación con el objeto contractual y máxima concurrencia. En pasadas citas electorales, el Estado había compartido con las comunidades autónomas las infraestructuras y otros elementos para poder llevar a cabo la obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados, lo que se había traducido en un importante ahorro de costes.