Canarias

La política de los juzgados

Los partidos políticos usan los procedimientos judiciales para dañar a sus rivales al confundir a la opinión pública al igualar la condición de investigado, procesado y encausado.
A.R., Las Palmas de Gran Canaria
12/mar/19 6:24 AM
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La política de los juzgados

A.R., Las Palmas de Gran Canaria

La sustitución del término imputado por investigado que introdujo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 se ha quedado en eso, en un simple intercambio de nominación? La intención de impedir a través de la nueva nomenclatura la condena y el escarnio público por el mero hecho de ser llamado a declarar en una causa no ha tenido efecto. Los partidos políticos utilizan como arma arrojadiza los procesos judiciales para tratar de derribar al contrario sin tener en cuenta la presunción de inocencia ni que nadie es culpable de haber cometido algún delito hasta que haya sentencia que así lo sostenga.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), comparece hoy en el Parlamento de Canarias para dar, por segunda vez, explicaciones sobre el caso Grúas, justo tres días antes de la cita establecida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, para su declaración en calidad de investigado en sede judicial. La citación, que se conoció a finales de febrero, ha generado una lluvia de críticas y reproches desde la oposición. Utilizando una doble vara de medir, PP, PSOE, NC y Podemos cuestionan la conveniencia de que Clavijo, candidato a la reelección por CC, siga en el cargo y mantenga su candidatura.

La supresión del término imputado a favor de la denominación investigado buscaba, según indicó Manuel Marchena, presidente de la Sala 2 del Tribunal Supremo, "impedir que la llamada al proceso para ejercer la defensa no equivalga a condena social" para "así excluir la perniciosa función intimidatoria y estigmadora del proceso". Sin embargo, la intención del legislador no ha tenido efecto porque, entre otras razones, en el tablero político las formaciones solo respetan la diferenciación que implica estar investigado, procesado o encausado cuando les conviene. Hasta que no haya condena, nadie es culpable de haber cometido los delitos que se le atribuyen. Alguien es investigado cuando la Justicia indaga si hay base suficiente para sostener una acusación futura, nada más. Dicha persona es procesada cuando se encuentra algún indicio y ya se le investiga como presunto autor del delito. En el momento en el que se concrete la calificación de los hechos y se solicite la apertura del juicio oral contra alguien, se declara a la persona encausada.

El presidente del Gobierno adelantó su comparecencia en la Cámara regional para dar explicaciones sobre el caso Grúas, procedimiento en el que se investiga si Clavijo cometió alguna ilegalidad en la concesión de un préstamo a una empresa de grúas en 2014 cuando aún era alcalde de La Laguna para que no se suspendiera el servicio de recogida de vehículos. El jefe del Gobierno canario ha asegurado que su caso se trata de una denuncia política de NC y Podemos. Toda la oposición, salvo ASG, presentó una solicitud conjunta para que Clavijo diera explicaciones en el Parlamento antes de que éste declarase ante la juez -tal y como había solicitado inicialmente el presidente canario para evitar interferir en el proceso judicial-. Pero Clavijo no es, ni de lejos, el primer político en activo investigado por supuestas irregularidades en su gestión. Tanto en las Islas como en el resto del territorio nacional hay políticos de formaciones de distinto signo que han tenido que declarar como investigados o afrontar, incluso, alguna condena.

El actual consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria donde gobierna en coalición NC y PSOE junto a dos consejeros no adscritos-, el socialista Gilberto Díaz, está procesado junto con otras 25 personas por el caso Fundescan por un supuesto delito de estafa continuada. El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria emitió la semana pasada un auto de procesamiento al encontrar indicios de que UGT-Canarias, del que Díaz fue secretario ejecutivo y de empleo de la comisión ejecutiva regional, desvió dinero destinado a formación de trabajadores a financiar el sindicato.

Díaz no es el único socialista canario con enredos en la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos emitió en diciembre un auto de apertura de juicio oral contra el actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, y un funcionario por una supuesta adjudicación a dedo de un contrato de 270.000 euros en 2006, año en el que el primero era alcalde de Buenavista del Norte y el segundo secretario interventor del Ayuntamiento.

Otro ejemplo más de lío judicial en el bando del PSOE es el del Ayuntamiento de Guía de Isora, dirigido desde 1995 por el socialista Pedro Martín, actual cabeza de lista de la plancha del PSOE al Cabildo de Tenerife. En marzo de 2013, el TSJC confirmó la condena al Consistorio y al exconcejal de Personal, Secundino Yanes (PSOE) por acoso laboral a una empleada local.

El PP tampoco se salva. El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife condenó la pasada semana a la popular Milagros Pérez y al socialista Víctor Manuel Hernández a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por enchufar en el Ayuntamiento de Santa Úrsula a 17 personas. Las contrataciones ilegales tuvieron lugar cuando Pérez era alcaldesa y Hernández teniente de alcalde. La sombra de la sospecha también flota sobre el reciente fichaje de Cs, la exconsejera por el PP en la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, que concedió, presuntamente, más 450.000 euros en contratos públicos al responsable de las obras de unas reformas en la casa de su marido.

Podemos, que pidió la dimisión de Clavijo tras conocerse su citación, acumula un importante número de casos judiciales. El diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, fue investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de desorden público cometido en diciembre de 2006 por un altercado con policías locales en La Laguna, una causa que fue archivada en junio de 2018 porque los hechos estaban prescritos.

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi (Podemos), y su equipo acumulan más de una docena de denuncias o recursos administrativos, la mayoría interpuestos por PP y Cs. La lluvia de causas, por la que el alcalde ha tenido que comparecer ante el juez como investigado en más de diez ocasiones, responde, a su juicio, a un "afán de amedrentar". Además, ya cuenta con al menos una sentencia condenatoria por calumniar al PP.

Las distintas marcas bajo el paraguas de la formación morada también suma a investigados en sus filas . Cuatro concejales de Somos Alcalá, en Madrid, son investigados por una supuesta manipulación en la convocatoria de ayudas públicas a entidades sociales. Asimismo, la concejal de Arganzuela y Usera por Ahora Madrid, Rommy Arce, irá a juicio por un presunto delito de injurias graves contra la Policía Municipal de Madrid al atribuir la muerte de un matero senegalés a una persecución. Asimismo, la Justicia también dilucida si hay indicios suficientes para procesar a Carlos Sánchez y Celia Mayer, también de Ahora Madrid, por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. La también edil del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se enfrentó, a su vez, a un proceso por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Universidad Complutense, una acusación de la que fue absuelta.

En Coalición Canaria el caso de Fernando Clavijo no es único. La Fiscalía se ha querellado contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y Mario Cabrera, diputado regional, por cuatro presuntos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial por su gestión al frente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura.