Canarias
LUIS DEL RÍO MONTESDEOCA FISCAL SUPERIOR DE CANARIAS

"En determinadas ocasiones la eutanasia puede admitirse"

Flora Marimón, Las Palmas de G.C.
6/abr/19 6:33 AM
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Flora Marimón, Las Palmas de G.C.

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) es el nuevo fiscal Superior de Canarias en sustitución de Vicente Garrido. Se propone reforzar la Fiscalía Anticorrupción, cuya delegación de Las Palmas ha dirigido desde 2005 hasta ahora, además de transparentar la acción del ministerio público, fortalecer la especialización de los fiscales y fomentar las nuevas tecnologías. Reconoce que hay demoras en la resolución de los casos de corrupción que provocan que algunos de los implicados salgan indemnes, pero destaca el arduo trabajo de la Fiscalía en temas de tanta complejidad y señala que para mejorar hace falta una ley procesal actualizada.

¿A qué atribuye que su antecesor en el cargo, Vicente Garrido, afirme que su nombramiento como fiscal Superior de Canarias responde a razones ideológicas? Lo designó la fiscal General del Estado, María José Segarra, pese a que el Consejo Fiscal dio siete votos a favor de Garrido y usted obtuvo cuatro apoyos.

No voy a entrar en ese tipo de cuestiones. Lo único que le puedo decir es que el artículo 13.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece cómo se realizan estos nombramientos. Creo que se ha cumplido la legalidad, como no puede ser de otra manera.

¿Es la Fiscalía General del Estado independiente del poder ejecutivo?. Hay muchas críticas al respecto.

El Ministerio Fiscal, tal y como está regulado en nuestra Constitución y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aparece integrado dentro del poder judicial pero es cierto que el fiscal General del Estado es un nombramiento que se realiza a propuesta del Gobierno. Más allá de esto no deberían haber más vínculos. El fiscal General del Estado tiene un estatus, tal y como está regulado ahora mismo, que le debe dar independencia frente al poder ejecutivo y, además, en sus decisiones debe regirse por los principios de legalidad e imparcialidad.

La fiscal General del Estado dijo que su nombramiento respondía a que se necesitaba una renovación, pues Garrido llevaba 16 años en el cargo ¿qué renovación va a hacer usted?

Lo que puedo decirle es que tengo un plan de actuación como exige la orden de convocatoria de la plaza, y lo expuse públicamente en la toma de posesión [el pasado lunes] porque entiendo que es importante que exista esa transparencia hacia los ciudadanos. Lo que intento es trabajar para que la Fiscalía mejore porque eso supondrá que los ciudadanos tendrán una justicia mejor.

Mencionó la soledad de la Fiscalía Anticorrupción en su toma de posesión y, para paliarla, ha propuesto la creación de secciones de apoyo en todas las fiscalías de las Islas y la adscripción de la Policía Judicial.

Bueno, es cierto que la figura del delegado de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la medida de que depende de una Fiscalía Especial que tiene la sede en Madrid y lógicamente hay distancia, en determinados momentos tiene ese cierto grado de soledad y entiendo que se le puede prestar algún apoyo desde este territorio. Es bastante complicada, por la naturaleza de estos delitos, la investigación de los mismos, por ello a veces se requiere de expertos y de funcionarios y personal cualificados para poder llevar a cabo las investigaciones de forma adecuada.

En su propuesta para mejorar la Fiscalía Superior de Canarias aboga por la especialización de los fiscales. ¿Es importante?

Por supuesto. La única respuesta adecuada a las nuevas formas de criminalidad que van existiendo es la especialización. Delitos en medioambiente, corrupción, delitos económicos... Son materias muy complejas que requieren muchísimo estudio, preparación, hay mucha normativa que hay que tener en cuenta y la peculiaridad de cada una de estas especialidades requieren que haya gente formada. Desde el año 2007 se han intentando potenciar esas especialidades y creo ha sido un éxito en la carrera fiscal, lo cual no significa que podamos seguir mejorando un poquito más y perfeccionar en algunos puntos.

Usted pide que la Fiscalía pueda llevar las investigaciones, no solo los jueces.

Desde hace más de 20 años llevamos discutiendo en la carrera fiscal sobre la cuestión de si el fiscal debería instruir o no las causas penales. En el momento actual creo que hay una opinión bastante favorable en ese sentido, y no digo que unánime, por una razón muy sencilla, y es que en los países de nuestro entorno la mayor parte de ellos es el fiscal el que investiga las causas penales.

¿Qué ventajas tendría?

Es complicado resumirlo, se podría escribir un libro. A ver, creo que si el que instruye es el que después va a llevar el procedimiento en un juicio [el fiscal] que va a mantener una postura en ese juicio está en una posición de mayor ventaja respecto a saber con mayor exactitud y precisión cómo dirigir esa investigación y cómo llevarla a buen puerto, lo cual no significa que nosotros aboguemos por la supresión completa de las competencias por parte de los jueces. Normalmente en ese modelo de fiscal instructor lógicamente es imprescindible que siga existiendo lo que se llama un juez de garantías, o el nombre que queramos, porque siempre habrá que adoptar algún tipo de decisiones que afecten a derechos fundamentales, como puede ser una intervención telefónica o acordar por ejemplo alguna medida de carácter cautelar como puede ser la prisión provisional.

Usted fue el primer fiscal Anticorrupción de Las Palmas desde que se crearon las delegaciones en 2005. ¿Qué balance hace?

Han sido muchos los asuntos, muchas las batallas, ha habido corrupción política, crimen organizado... Es difícil hacer un balance. Es una materia que empezaba casi de cero sobre la que no teníamos casi experiencia en una nueva delegación de la Fiscalía Anticorrupción y son delitos complicados de investigar. Nos centramos en aquellos asuntos que nos van asignando. Tenga en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción solo lleva asuntos que se les asignan específicamente. Cuando era delegado de la Fiscalía Anticorrupción no elegía aquellos asuntos sino llevaba los que me asignaba la Fiscalía Especial.

Ha llevado casos muy importantes que han tardado años, como el caso Faycan y el Eólico, en resolverse judicialmente y da la sensación de que el resultado ha sido fallido.

Han sido muchos los asuntos en los que me ha tocado intervenir y lógicamente de unos estoy más satisfecho que de otros. Indudablemente el tiempo ha sido uno de los hándicaps porque al ser asuntos donde se investigaban cuestiones tan complejas y tantos delitos y, sobre todo, en algunos de ellos, tantas personas investigadas, han hecho que el tiempo de duración de estos procedimientos haya ido más allá de lo razonable en algunos casos. Son numerosas las diligencias de prueba practicadas, en algunas ocasiones hay que realizar alguna comisión rogatoria a otro país, hay que recabar muchísima documentación... Además, al ser muchas las partes investigadas también son muchas las ocasiones en las que se formulan recursos, quejas, recusaciones, y todo eso hace que los procedimientos se hayan alargado. Algunos asuntos que han tardado tanto tiempo hace que haya que aplicar un atenuante de dilaciones indebidas y eso ya supone que hay que rebajar la pena, y después ha habido otros asuntos en el que los acusados han reconocido los hechos y se aplica un atenuante de confesión, aunque sea tardía, porque así lo prevé el Código Penal, y nos impone que hay que rebajar la pena, y eso hace que las penas no sean las mismas que pedíamos inicialmente. Además son asuntos, en algunos de ellos, que el tiempo ha hecho que las propias pruebas se vayan debilitando porque ha muerto algún testigo o algunos acusados. Indudablemente no es plenamente satisfactorio el haber tardado tanto tiempo.

Parece que muchos de los que delinquieron se han ido de rositas, quiero decir que el tiempo de demora ha actuado a favor de ellos...

Yo tampoco diría de rositas, ha habido alguna otra causa como, por ejemplo, la del caso Grupo Europa donde las penas fueron importantes y hay algunas de estas personas que han sido condenadas y están cumpliendo condena todavía. Y hay muchas otras.

Bueno en el caso Las Teresitas, hay condenados, pero después de años.

En ese caso no se puede decir que la Justicia no haya funcionado correctamente en cuanto al resultado final. Si es cierto que es un asunto que se dilató mucho en el tiempo su tramitación, y aquí también es verdad que hubieron unas peculiaridades importantes y es que la competencia del asunto fue cambiando de un órgano a otro a medida que se producían determinados acontecimientos.

¿Por qué ha asumido la Fiscalía Anticorrupción ahora el caso Grúas, que afecta al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, tras dos años de la denuncia y tras pasar por distintas instancias, con informes de la Fiscalía dispares y tan cerca de las elecciones? Da la sensación de que hay interés político.

Con total exactitud no le puedo decir. Es algo que se me escapa a mis competencias pues yo era delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas -la causa la ha asumido la de Tenerife-. Como bien ha dicho lo ha asumido la Fiscalía Anticorrupción y lo único que puedo es suponer que la compañera que está en Santa Cruz de Tenerife -María Farnés Martínez- Frigola- lo habrá planteado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, habrá hecho un informe donde habrá hecho un análisis después de haber estudiado el asunto con detenimiento y haber reflexionado sobre ello, y en la Fiscalía Anticorrupción habrán tomado esa decisión.

¿Es normal que Anticorrupción haga un informe tan exhaustivo en pocos días viendo nuevos delitos?

Vamos a ver. No sé cómo lo habrá hecho pero entiendo que en todo caso lo habrá estudiado suficientemente y habrá analizado los indicios que hay en la causa ahora mismo. Yo lo que le puedo asegurar es que la fiscal que ha estudiado el asunto lo habrá hecho con absoluta imparcialidad y con respeto total a la legalidad.

¿Cree que el caso Grúas volverá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)?

Es difícil vaticinar, habrá que esperar. Dejemos que los tribunales decidan tranquilamente, sosegadamente y que sea lo que tenga que ser.

¿No es mejor esperar a que el Tribunal Supremo dictamine sobre el órgano jurisdiccional antes de que el juzgado de La Laguna abra la investigación?

Eso es algo que tendrán que valorar tanto la juez de instrucción como la fiscalía que lleva el caso. No debo realizar ese tipo de valoraciones porque es una causa que está sub júdice...

La condición de investigado o interviniente en causas como la del caso Grúas, por ejemplo, han producido polémica porque ser investigado ya es como que se tiene una mancha sin que, a lo mejor, haya algo detrás.

Antes era el término imputado, y en una de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pasó a llamarse investigado... En cualquier caso , lo importante es que esa persona que está siendo investigada tiene una serie de derechos, por ejemplo, asistencia de abogados, está informado de determinados derechos como que no conteste a preguntas y eso solo lo puede tener si declara en calidad de investigado, lo que antes se llamaba imputado, cosa que no ocurriría si declarase en calidad de testigo -interviniente-. Por eso, en muchas ocasiones como mayor garantía para esas personas que aparecen implicadas en determinadas causas es necesario que se les tome declaración en calidad de investigado para que estén asistidas de letrado y tengan esos derechos.

Pero de cara a la ciudadanía el hecho de que esté investigado es como una mancha.

Claro, después tiene otras repercusiones para la opinión pública, para los medios de comunicación, donde ya eso a nosotros pues se nos escapa un poco.

¿Son fundamentales las nuevas tecnologías para la Fiscalía?

Sí, juegan un papel muy importante. Además, tenemos que estar constantemente innovando porque en el otro bando también utilizan las tecnologías, hay nuevas formas de criminalidad que son transnacionales. Es bastante fácil hoy en día realizar una transferencia de un país a otro, celebrar un contrato a distancia o realizar cualquier operación financiera que esté relacionada con algún delito sobre todo si es de naturaleza económica.

En su cargo como fiscal Anticorrupción ¿le han amenazado, ha sentido miedo?

No he sentido miedo y en cuanto a lo otro, digamos que la política de seguridad no me permite desvelarlo.

Ahora está de actualidad, por lo sucedido, el debate sobre la eutanasia. ¿Qué opina?

Hombre, tenemos una regulación en la que existen tipos penales atenuados en estos casos, pero desde hace tiempo hay una corriente de autores y expertos que abogan por su despenalización. Es un tema muy polémico y entiendo que en determinados casos, con unos requisitos muy rigurosos, de forma que se garantice siempre que hay una decisión libre y que hay un conocimiento suficiente por parte de esa persona que en un momento dado puede tener una situación de la que no tenga salida y, además, que pueda estar teniendo unos padecimientos físicos insufribles, podría admitirse perfectamente, pero entiendo que requiere un cierto consenso social.

LUIS DEL RÍO MONTESDEOCA FISCAL SUPERIOR DE CANARIAS