Canarias

Los expertos avalan a Canarias en la lucha por disponer de su superávit

El director ejecutivo de Fedea ve ?extraño? la suma de los 500 millones de carreteras a los fondos bloqueados por la regla de gasto Los economistas piden una negociación ?serena?.
M. Á. Montero, S/C de Tenerife
11/abr/19 6:39 AM
Edición impresa
Los expertos avalan a Canarias en la lucha por disponer de su superávit

M. Á. Montero, S/C de Tenerife

Que Canarias pueda destinar el dinero del superávit para sus hospitales, colegios o carreteras depende en última instancia de la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez. Economistas de universidades, centros de análisis y colegios profesionales de todo el país coinciden en que la solución al encontronazo del Estado con la Comunidad Autónoma está en los técnicos de Hacienda de ambas administraciones. Si Sánchez y la ministra María Jesús Montero acceden a verse con Fernando Clavijo con ánimo de encontrar una salida, solo será cuestión de tiempo que los expertos del Ministerio y la Consejería de Hacienda den con la fórmula para que el Archipiélago no se vea obligado a desperdiciar cientos de millones en pagar créditos a los bancos. Con más razón si cabe los 500 millones de los recortes del convenio de carreteras que llevó a cabo el PP. Una cantidad que el Gobierno central pretende pagar con cargo al superávit de las Islas, lo que, paradójicamente, impediría que un dinero para carreteras se gastara, efectivamente, en mejorar las carreteras.

Clavijo tiene de su parte tanto a los sindicatos y la patronal de la región como a los presidentes de las otras autonomías que han cumplido estrictamente los compromisos de estabilidad presupuestaria. Muy especialmente al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El Ministerio de Hacienda atribuye a Canarias un superávit de 947 millones en el ejercicio de 2018. Es decir, calcula que la Administración autonómica ingresó 947 millones más de lo que gastó. Entran ahí esos 500 millones de los impagos de carreteras (y aún faltarían casi 500 más), 146 millones para promoción del empleo e infraestructuras educativas que se transfirieron al filo de 2019 (y que, por tanto, no dio tiempo a gastar) y otros 300 que Canarias sí reconoce como superávit pero que no pudo usar por el límite de gasto que imponen Bruselas y Madrid. Y como la regla de gasto no hace distinciones entre comunidades cumplidoras y no cumplidoras, el Archipiélago, la más cumplidora de todas, tendría que destinar esos 947 millones a pagar deuda. Pero ¿tiene que ser necesariamente así o puede flexibilizarse la normativa para una región que ha hecho los deberes? Los expertos creen que efectivamente es posible abrir la mano para Canarias.

Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), no es, ?en general?, partidario de relajar la regla de gasto. Sin embargo, entiende que el caso de las Islas, y más concretamente lo relativo a los 500 millones de carreteras, es ?un poco extraño?. De la Fuente argumenta que ?parece razonable? que al menos las obras que no pudieron ejecutarse en su día se hagan con esos fondos. El economista, uno de los más reputados expertos en finanzas públicas del país, puntualiza, eso sí, que habría que encontrar la manera de exceptuar a Canarias de la norma general. Serían necesarias, por tanto, ?unas negociaciones en un clima de serenidad y protagonizadas por los técnicos de mayor altura de ambos Gobiernos?, agrega Miguel Ángel Sánchez Martín, el decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, hace falta voluntad política para sentarse, dar paso a los técnicos de las Haciendas estatal y autonómica y refrendar el acuerdo y los ajustes necesarios. El problema, no obstante, es que ?estamos en un momento en el que no es fácil poder negociar?, ya que en campaña electoral los intereses de los partidos se cruzan y en ocasiones incluso obstaculizan el diálogo entre Gobiernos. Pero si hay intención de llegar a un acuerdo, añade Sánchez Martín, es posible dar con una fórmula que no castigue a Canarias, una de esas regiones que ?han demostrado que tienen margen para manejarse dentro de la ley?. Máxime cuando las que han incumplido no lo han hecho por incapacidad, ?sino porque no han tenido ganas de cumplir?.

Se trata, en definitiva, de querer corregir los efectos de un sistema de control que ha terminado siendo ?bastante injusto? para autonomías como el Archipiélago, subraya el también economista Fernando Redondo, expresidente del CES de Canarias. ?Ya es hora de revisarlo?, enfatiza Redondo, quien como el catedrático José Luis Rivero Ceballos hace hincapié en que la regla de gasto ?no se ajusta a la realidad de cada comunidad?. Ceballos, que asegura que achacar el superávit a una mala praxis presupuestaria es sencillamente ?una interpretación interesada?, recuerda que al final solo hay que hacer una cosa: modificar la norma de lo que se considera gasto computable a efectos de la regla de gasto. Canarias podría así destinar esos 947 millones (o buena parte) para servicios e infraestructuras.