Criterios
OBSERVATORIO MARÍTIMO RAMÓN MORENO CASTILLA

El régimen de alta mar

25/nov/10 7:42 AM
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EN LOS TRABAJOS de la Tercera Conferencia del Mar -la más multitudinaria celebrada hasta la fecha- el término alta mar fue clave. Porque a medida que el mar se va alargando se va acortando también. Por exclusión tendremos que llegar entonces al espacio marítimo alta mar; y también por exclusión sería fácil definirlo como "aquella parte del mar fuera de las fronteras del Estado que no está incluida en el mar territorial, ni en la zona económica exclusiva, ni en las aguas interiores de una nación". Es decir, es un espacio que no está sometido a la soberanía de los países, y por tanto, no puede ser ocupado por nadie bajo ningún título, y está sometido, en cambio, a un "status" cuyo principio esencial es la libertad de navegación para que todos puedan usarlo libremente. El problema surgió de los distintos criterios de los estados marítimos, de donde empieza realmente la alta mar.

En un breve recorrido histórico, encontramos que los principios expuestos no estaban vigentes en otros tiempos. Así vemos, como Roma hizo del Mediterráneo un lago de su propiedad impidiendo la navegación a otros países; y de ahí, el nombre de "mare nostrum" que aún perdura, aunque englobado en un concepto más poético. Venecia ocupó por su cuenta el Mar Adriático y en la edad media y principios de la moderna, españoles y portugueses mediante la bula "Inter Caetera" del papa Alejandro VI, se reservaron para sí el derecho de posesión y uso exclusivo de las rutas que conducían a las Indias; repartiéndose en 1493 la "mar océana" más allá del Estrecho de Gibraltar.

Pero con los cambios políticos que se sucedieron en Europa, así como en la evolución natural de las ideas y conceptos filosóficos, jurídicos y políticos en los cuales tuvo una valiosa y significativa aportación, la Escuela española de teólogos-juristas, representada fundamentalmente por los padres Vitoria y Vázquez de Menchaca (éste último fundador del Derecho Internacional Marítimo) se abrieron nuevos horizontes, y el siglo XVII es la época donde se produce un cambio total en relación con las ideas vigentes hasta entonces; siendo en esas fechas cuando el holandés Hugo Grocio, inspirándose en los postulados de Vázquez de Menchaca, escribe su tratado, "Mare liberum" (1609) en el que declara que la mar es libre y no pertenece a nadie. A las teorías de Grocio se opusieron las del inglés Selden, por medio de su "Mare clausum" (1635) donde se defendían los derechos de Inglaterra, subrayándose que el mar era susceptible de propiedad, aunque lo sea desde un punto de vista teórico. Tal fue el grado de controversia entre una y otra tendencia, que Carlos I de Inglaterra demandó a Holanda, naturalmente sin éxito, para que condenara a Grocio. Pero los ingleses, no obstante, seguirían insistiendo y el "Acta de Navegación" inspirada en la política de Cronwel trataría de demostrar que Inglaterra mantenía pese a todo, el dominio de los mares que la rodeaban. El magnífico libro del profesor Azcárraga, "Derecho Internacional Marítimo", Editorial Ariel, 1969, es un valioso instrumento para profundizar en el estudio de esta materia, ya que fue uno de los precursores del DIM.

Modernamente, el problema de la libertad de los mares solo adquirió relieve en tiempos de guerra, pero en la paz la alta mar es libre. Así lo declaró taxativamente el Convenio de Ginebra de 1958, ya que la libertad de navegación significa también libertad de pesca, de colocación de cables submarinos y sobrevuelo. En el actual Convenio, emanado de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmado el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica, lugar de establecimiento de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos), el texto de la alta mar está inspirado en las Convenciones de Ginebra de 1958 y 1960. En términos generales, el concepto de que la alta mar, aún disminuida, constituye un "mare liberum" fue respetado y conservado. En los trabajos de la Tercera Conferencia, sin embargo, se reprodujeron los debates entre los legalistas clásicos, sobre si la mar es "res nullius" que no pertenece a nadie y, por tanto, no susceptible de apropiación o bien "res comuni" perteneciente a la comunidad de Estados que pueden usarla libremente, pero con obligación de protegerla. Como en casi todos los demás aspectos de la emergente Ley del Mar, existió un pretendido compromiso. Efectivamente, con las apariciones de nuevos conceptos jurídicos, la tercera parte del mar, las aguas cercanas a la costa pasaban a ser propiedad de los Estados ribereños, pero las restantes dos tercios mantienen una suerte de "status" de propiedad comunitaria; una especie de "time sharing" de los mares.

En la Tercera Conferencia del Mar se llegó a afirmar, desde posiciones más o menos radicalistas, que la libertad de los mares había muerto y bien muerta que estaba, porque significaba entre otras cosas, libertad para pescar con exceso y libertad para contaminar. Por ello los derechos tradicionales sobre la alta mar, que sirven a la comunidad internacional en sus intereses más legítimos, fueron protegidos e incluso ampliados.

La consecuencia, obvia, que se derivó en el nuevo Derecho del Mar es la reducción espacial de la alta mar. Los nuevos espacios la atosigan y una serie de factores concurren para confirmar esta realidad: a) el trazado de líneas de base rectas para determinar el límite interior del mar territorial; b) el ensanchamiento del propio mar territorial y la creación de la zona económica exclusiva, extendiéndose 188 millas mar adentro a partir del límite exterior de las 12 millas del mar territorial; completando las 200 millas de la ZEE, para hacerla coincidir con las dimensiones de la Plataforma Continental establecida en la Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958. Ambos factores contribuyen a que la extensión de la alta mar se reduzca, y se reduce a tal extremo, de que fuera de los grandes espacios oceánicos, la alta mar puede casi desaparecer, como es el caso del Mar Mediterráneo, y pueden morir también por otras razones, el Báltico o el Caribe, por citar los ejemplos más significativos.

En el actual Convenio del Mar se hace una amplia declaración de principios sobre tan sugerente espacio marítimo; reservando la alta mar para fines exclusivamente pacíficos, y se reitera la prohibición sobre cualquier reivindicación sobre su soberanía. Pero recoge también en buena parte la codificación del derecho consuetudinario anterior, sobre la nacionalidad de los buques, derecho al pabellón, régimen jurídico del navío, inmunidad de los buques de guerra, piratería, trata de esclavos, tráfico de estupefacientes, derecho de visita y captura, persecución ininterrumpida y tendido de cables y tuberías submarinas. Se requiere asimismo que los Estados ejerzan de manera efectiva su jurisdicción y control en materias administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón, desarrollando minuciosamente los deberes de los Estados en este supuesto; reforzándose además, la prohibición del ejercicio de su jurisdicción por un Estado en caso de abordaje o accidente sobre personas a bordo de un navío de otra bandera y se obliga a los Estados a cooperar para la supresión de transmisiones no autorizadas desde alta mar.

Todo ello está perfectamente documentado en el vigente Convenio del Mar o Estatuto jurídico del Mar, en la Parte VII, Artículos 86 al 120; que exhorta a todos los Estados -¡España incluida!- a su obligado y estricto cumplimiento.

rmorenocastilla@hotmail.com

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