Economía

La Justicia investiga sobornos de OHL en la adjudicación de la obra

El juez del 'caso Lezo' abre otra pieza para aclarar si la constructora pagó mordidas para que la unión de empresas de la que formaba parte se hiciera con el contrato de este proyecto.
M. Á. Montero, Santa Cruz de Tfe.
30/mar/19 6:30 AM
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La Justicia investiga sobornos de OHL en la adjudicación de la obra

M. Á. Montero, Santa Cruz de Tfe.

La Justicia está investigando el posible pago de sobornos en la adjudicación del contrato para construir el dique de abrigo del puerto de Granadilla. El contrato lo consiguió una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte el grupo OHL, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado comisiones ilegales para hacerse con adjudicaciones públicas en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Canarias. Los trabajos en el macropuerto industrial del sur de Tenerife se presupuestaron en prácticamente 114,6 millones de euros. Un jugoso contrato por el que la UTE en la que se integró OHL a través de una de sus filiales compitió con otras cuatro ofertas. La adjudicación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que se llevó a cabo en 2007 bajo la presidencia de Luis Suárez Trenor, figura entre las otras cinco sobre las que ha puesto la lupa el juez instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón. El juez de la Audiencia Nacional ya ha abierto una nueva pieza separada para investigar si se pagaron mordidas para hacerse tanto con esos seis como con otros contratos públicos. Las seis obras se adjudicaron por un montante de 722 millones.

Aunque ya han transcurrido doce años, la memoria del proyecto de construcción del dique de abrigo aún puede encontrarse en el sitio web de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. "La oferta presentada por esta Unión Temporal de Empresas fue mejor que las otras cuatro registradas, logrando la máxima puntuación en el apartado técnico", reza la información. Fue el 27 de febrero de 2007 cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria decidió adjudicar el contrato para la ejecución de las obras a la UTE constituida por FCC Construcción, Promotora Punta Larga -de la que es propietario el empresario Antonio Plasencia, condenado a prisión por el caso Las Teresitas- y la firma SATO. Esta última es la filial del grupo Obrascón Huarte Laín (OHL) especializada en la construcción de diques de abrigo y otras infraestructuras portuarias.

La adjudicación, cuyo montante exacto fue de 114.582.734,45 euros, resultó polémica incluso desde antes de que se decidiera en aquel consejo de administración. No en vano, el macropuerto industrial del municipio sureño de Granadilla dio lugar a un largo historial de alegaciones, expedientes, resoluciones y medidas ambientales. De hecho fue necesario que la Comisión Europea, tras las muchas quejas recibidas desde colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas, sometiera el proyecto al procedimiento de consulta o dictamen previo. El Ejecutivo comunitario no daría el visto bueno hasta noviembre de 2006, y lo hizo con la condición de que se pusieran en práctica medidas correctoras y compensatorias. Trece años después de la decisión de Bruselas, las ramificaciones canarias del caso Lezo proyectan nuevas sombras sobre la controvertida infraestructura.

La operación Lezo, que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, parte de la presunta corrupción política en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II. Se trata de dilucidar si hubo o no un desvío de dinero público hasta los bolsillos de miembros del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto sobre la mesa una supuesta subtrama protagonizada por OHL.

Tal como adelantaron los diarios digitales El Confidencial y El Independiente, existen sospechas de que la constructora que fundó Juan Miguel Villar Mir -que en mayo del año pasado declaró por segunda vez como investigado ante el juez del caso Lezo por posibles irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero- pagaba mordidas a funcionarios y políticos para hacerse con contratos públicos. Sobre todo, y siempre presuntamente, a funcionarios y altos cargos del Ministerio de Fomento y de los gobiernos y otras instituciones de Madrid, Andalucía y Canarias. El caso del tren que iba a unir Móstoles y Navalcarnero dio lugar a la apertura de una pieza separada, y lo mismo ha ocurrido ahora con otro grupo de obras entre las que está la del puerto de Granadilla.

Desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife explicaron ayer que se han enterado de la causa por los medios de comunicación y que, por tanto, nadie en la institución ha sido informado ni llamado a declarar. Y el mismo desconocimiento existe en la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias sobre cualquier otra posible ramificación del caso Lezo en las Islas.

Al frente de la Autoridad Portuaria en el momento de la adjudicación a la filial de OHL estaba Suárez Trenor. Este fue uno de los dirigentes más destacados de Coalición Canaria (CC) hasta que se vio involucrado en otro de los casos más mediáticos de los últimos años: el caso Fórum Filatélico. En el marco de las investigaciones por esta otra causa, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial descubrió que Suárez Trenor manejaba "grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida". En las investigaciones se señaló que durante su etapa en la Autoridad Portuaria hubo "numerosas irregularidades administrativas y de gestión".

Entre las adjudicaciones a OHL bajo la lupa judicial están también la del tren de Navalcarnero (364 millones de euros), la autovía de La Plata (210 millones), la estación marítima de Melilla (21,2), la variante de Baza, en Granada (7,7) y la del puente de Loja (cinco).