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El alcalde de La Laguna, "satisfecho" tras declarar como investigado en el caso Grúas

Santa Cruz de Tenerife, EFE
16/abr/18 13:57 PM
eldia.es
José Alberto Díaz (d), a su llegada al juzgado para declarar./Cristóbal García (EFE)

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), se ha mostrado hoy "satisfecho" tras declarar como investigado por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el "Caso Grúas" y ha indicado que a las acusaciones políticas responderá "en el pleno".

Tras comparecer durante más de dos horas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife), el alcalde ha manifestado a los periodistas que ha efectuado su declaración "conforme a lo que me han planteado", aunque ha declinado contestar a las diez preguntas que le planteó la acusación popular.

"A partir de ahora toca seguir trabajando porque hay un montón de faena y, mientras unos están en el ámbito político, otros estamos en el tajo resolviendo problemas", apostilló el alcalde.

Santiago Pérez, portavoz municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias y uno de los denunciantes del "Caso Grúas" junto a Unid@s se puede, ha calificado de "alarmante" la inhibición que, a su juicio, han mostrado la Fiscalía y la titular del juzgado número 2 de La Laguna, Celia Blanco, a la que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha añadido, ha tenido que "leerle dos veces la cartilla".

Ha afirmado Santiago Pérez que la juez decidió que el interrogatorio lo comenzase la acusación popular y en ese momento "ante las visibles indicaciones" de su abogado, Esteban Sola, el alcalde se ha negado a contestar.

"La actitud de José Alberto Díaz es de una cobardía sin límites y pone de manifiesto que su ofrecimiento para aclararlo todo era mentira", ha opinado Pérez, quien considera que a partir de ese momento el interrogatorio "ha sido de juguete y las respuestas de juego de las casitas".

Ha apuntado que la juez ha formulado preguntas totalmente incongruentes con la realidad de los delitos que se imputan al alcalde, pues le ha preguntado a propósito de la malversación de caudales públicos "si había obtenido algún beneficio para sí o para sus familiares", lo que, en su opinión, no tiene nada que ver con lo que se investiga, el destinar dinero público a una finalidad prohibida por ley.

Ha agregado que este no es un asunto de sospechas, sino de indicios racionales de criminalidad que se sustentan en documentación municipal, y ha anunciado que la acusación popular pedirá la citación como investigada de la directora del área de seguridad del Ayuntamiento, Rosario Hernández Eugenio, quien, a su juicio, ha tenido un papel "clave" en esta cuestión.

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, ha aseverado en declaraciones a los periodistas que el alcalde de La Laguna no habría entrado hoy por la puerta de los Juzgados si en su etapa como concejal de Seguridad y Policía, en el anterior mandato, hubiese hecho "el más mínimo caso" a los escritos que presentaron los trabajadores de las grúas municipales entre 2012 y 2014.

Entonces José Alberto Díaz no hizo "absolutamente nada, no abrió un solo expediente administrativo para sancionar, ni investigó para regularizar lo que allí está sucediendo y por esa inacción hoy ha entrado por el Juzgado de La Laguna", ha defendido.

Ha señalado Ascanio que el "Caso Grúas" sirvió de respaldo "al amiguismo" inherente a este caso, con una serie de personas que adquirieron la empresa concesionaria entre 2005 y 2011 "colocadas expresamente por decisión de unos responsables políticos, especialmente por el entonces alcalde, Fernando Clavijo (CC), según declaró en su momento el propietario original, José Padilla".

"A estas personas se las ha protegido en contra de las decisiones de los técnicos municipales y del interés general del municipio", ha agregado el portavoz de Unid@s se puede, quien ha afirmado que a los nuevos responsables de la empresa se les concedió un préstamo de 120.000 euros de los presupuestos municipales para que en agosto de 2014 se les renovase la concesión del servicio de grúas.

Este préstamo se concedió cuando ya había informes de los técnicos municipales que advertían sobre incumplimientos muy graves del pliego de condiciones de la concesión del servicio.

Ha agregado Rubens Ascanio que en los escritos de los trabajadores se pedía que el alcalde, Fernando Clavijo, interviniese ante estos incumplimientos "gravísimos" e ilegalidades como el desguace de vehículos depositados en las instalaciones municipales.