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CASO VILLAREJO

El Gobierno y Podemos chocan por la continuidad de "las cloacas del Estado"

Madrid, EFE
3/abr/19 16:48 PM
eldia.es
Pablo Iglesias se persona en la Audiencia Nacional como perjudicado en el caso Villarejo por sustracción de un móvil./Europa Press TV

Madrid, EFE La investigación por la llamada "policía política", supuestamente dirigida por el exministro Jorge Fernández Díaz para debilitar a Pablo Iglesias, ha enfrentado este miércoles al Gobierno, que insiste en que ya no existen las cloacas del Estado, y a Unidos Podemos, que ve "pruebas" de que aún persisten.

"Hay pruebas más que suficientes de que todavía no se han desarticulado", ha dicho Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, poco después de que la vicepresidenta Carmen Calvo respondiese que "eso no existe en este Gobierno" a los periodistas que le han preguntado por las cloacas.

Podemos ha insistido en que el PSOE se posicionó junto al PP y Cs para evitar que el supuesto cabecilla de la trama, el excomisario José Manuel Villarejo, compareciese en el Congreso de los Diputados.

Irene Montero ha dado un paso más allá al lamentar que el partido de Pedro Sánchez ha impedido también analizar por qué hay muchos policías de la trama que siguen condecorados, algunos por gobiernos socialistas, y también ha afirmado que la parte mediática de la trama contra Podemos sigue "evidentemente viva".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado a través de Twitter que los principales medios "abrieron telediarios y portadas con las noticias falsas de las cloacas" que acusaban a la formación de financiarse en Venezuela e Irán. "Ahora pueden demostrar su compromiso con la democracia y dedicar el mismo espacio a rectificar", ha sugerido.

La formación morada se reivindica como la única capaz de acabar con las denominadas cloacas del Estado, que han vuelto a la primera línea informativa al conocerse que la Audiencia Nacional investiga en una nueva pieza el presunto robo de un móvil a una colaboradora del líder de Pablo Iglesias.

Este miércoles se ha conocido que un inspector jefe reveló a un político venezolano que el exministro Jorge Fernández Díaz y el entonces presidente Mariano Rajoy conocían sus gestiones para obtener información de Podemos, según se desprende de los audios adelantados hoy en la web moncloa.com.

El político venezolano era Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez y que firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació Podemos, por importe de 7,1 millones de euros.

Pero antes de esa firma, los policías ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia.

El inspector jefe que hacía la oferta era José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Eugenio Pino, número dos de la Policía en tiempos de Jorge Fernández Díaz y quien, según el textual difundido por moncloa.com, dijo lo siguiente:

"Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español ha hablado con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos".

Tras conocerse la información, el anterior equipo político del Ministerio del Interior ha negado que ningún cargo del Gobierno diera "mandato alguno" a algún funcionario de la Policía para obtener datos de Podemos, sino que su actuación se guió por los cauces de la policía judicial.

"Ningún cargo público del Gobierno dio mandato alguno a los funcionarios de policía judicial intervinientes ni interfirió en su actuación, que se desarrolló íntegramente por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma", han destacado a Efe fuentes de la anterior cúpula de Interior.

Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha eludido hacer comentarios sobre las novedades en la investigación de la llamada y ha pedido que se deje actuar a los tribunales.

Una posición radicalmente distinta a la sostenida por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien ha señalado que "si es cierto" lo que se ha publicado sobre las gestiones de los agentes al servicio de Fernández Díaz sería algo "abominable".

"Mi condena no puede ser más rotunda", ha añadido el diputado de Ciudadanos, quien ha pedido que se investigue "hasta el fondo".

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