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Estudian llevar a los juzgados el uso fraudulento de tarjetas PMR

La responsable de Seguridad, Zaida González, asegura que el objetivo es endurecer la lucha contra este tipo de fraude, que resta derechos a las personas con discapacidad.
El Día, S/C de Tenerife
14/abr/18 6:20 AM
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La concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, anunció ayer que se están realizando las consultas legales oportunas para determinar la posible remisión de las tarjetas destinadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) utilizadas fraudulentamente a las instancias judiciales.

"Nuestro objetivo es endurecer la lucha contra este tipo de fraude. Primero porque no es legal y, segundo, porque es profundamente insolidario y coarta la movilidad y los derechos del colectivo de personas que tiene algún tipo de discapacidad", argumentó.

En este caso, la iniciativa de la edil está coordinada con el concejal delegado de Accesibilidad, Carlos Correa. González destacó la implicación y concienciación de la Policía Local de la capital que, en lo que va de año, "ha detectado y retirado 50 tarjetas falsas de este tipo".

De hecho, esta misma semana se han remitido desde el cuerpo policial al departamento correspondiente del Gobierno de Canarias otra docena de documentos fotocopiados o manipulados tras ser retirados en las calles de la capital tinerfeña.

Por su parte, el responsable del área de Accesibilidad señaló el interés "en solicitar la colaboración judicial, ya que, en otros puntos de España, los juzgados han emitido condenas por este tipo de prácticas".

Para ambos ediles, las claves que permitirán acabar con este comportamiento incívico pasan por la continuidad del celo policial al respecto; la homogeneización y modernización de los documentos acreditativos de PMR; la colaboración de la administración de Justicia para que actúe con dureza ante los posibles delitos de falsedad documental; y la colaboración de la ciudadanía, tanto en el respeto a los usuarios de este tipo de estacionamientos reservados, como en la denuncia de las situaciones que pudieran resultar fraudulentas.

El ayuntamiento reiteró que en lo que va de año ha detectado 50 documentos que no se ajustaban a la legalidad, tal y como se pudo comprobar.