Santa Cruz de Tenerife

Tarife: "Caiga quien caiga, se depurarán responsabilidades"

El concejal de Urbanismo avanza que se va a investigar por qué se concedió una licencia para la residencia de mayores El Drago del Marqués, ahora anulada por el Tribunal Supremo.
O. G., S/C de Tenerife
8/feb/19 6:27 AM
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Tarife: "Caiga quien caiga, se depurarán responsabilidades"

O. G., S/C de Tenerife

"Se van a depurar responsabilidades, caiga quien caiga, técnicos o políticos". Así de contundente se mostró ayer el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, en relación con la licencia de obra de la residencia de mayores El Drago del Marqués, en Ifara, cuya anulación ha confirmado el Tribunal Supremo (TS).

En la comisión de control, y en el transcurso de una comparecencia solicitada por Ciudadanos e Izquierda Unida, Tarife avanzó que una vez resuelto el expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad urbanística, "se dirimirán las responsabilidades pertinentes en el técnico o técnicos que hubieren participado en el otorgamiento de la licencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".

El edil reconoció que el consistorio se arriesga a que el titular de la licencia pueda reclamar daños patrimoniales por la anulación de los títulos habilitantes.

En todo caso, y en presencia de una decena de familiares de usuarios de la residencia, que no salieron muy convencidos de la sala, el edil de Urbanismo repitió en varias ocasiones que la actividad de la residencia sigue siendo legal, y sostuvo que la Justicia aún no ha dado plazos para que se inicie el expediente de restablecimiento de la legalidad. "No tiene por qué haber un traslado inminente", sostuvo.

Es más, se mostró bastante crítico con el "alarmismo" generado por la empresa que explota actualmente el centro, Amavir, que anunció a los usuarios y al personal que cerraba "en dos meses". "Desde el punto de vista de la comunicación, las cosas se podían haber hecho mucho mejor", le afeó.

Debido a ese alarmismo, añadió Tarife, ya han salido de la residencia de mayores unas 35-40 personas. En su mayor parte dependían del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y estaban en El Drago del Marqués en régimen concertado. En total, el centro daba servicio a 176 usuarios.

El concejal recordó que los pronunciamientos de la Justicia determinan que la edificación de la residencia incumple la legalidad, superando el planeamiento previsto en tres plantas (de 3 a 6) y por tanto la volumetría admitida -más de 2.000 metros cuadrados-, y tampoco se adecua a lo establecido en materia de distancia de linderos, anchura de los patios y dotación de aparcamientos.

"Son problemas gordos", enfatizó el concejal de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, quien alertó de que este caso no está "en el terreno del error".

Por este motivo, Tarife valoró el proyecto de legalización presentado hace unos días por la propiedad a la Gerencia de Urbanismo, que asume la necesidad de afrontar obras de "calado" para acomodar la edificación a la ley y continuar posteriormente con los servicios propios de una residencia de esta naturaleza. El coste estimado de los trabajos rondaría los 800.000 euros.

"Me quedo esperanzado con que se pueda legalizar. La solución del problema está en una posición muy técnica", indicó, por su parte, José Ángel Martín, portavoz del PSOE.

Precisamente, Carlos Tarife anunció que esperan tener "en unas dos semanas" el informe de los técnicos de Urbanismo sobre el proyecto de legalización.

De ser favorables, precisó el concejal, se enviarán a la Justicia, que será la que, al final, determinará si acepta o no la propuesta. Cabe recordar que en la causa está personado también el vecino que denunció el caso.

Tanto Tarife como el resto de miembros de la oposición coincidieron en que "lo más importante", además de avanzar en la legalización, es solucionar la situación de los 176 usuarios y del personal.

IBI social en el IMAS

El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, avanzó ayer que el IBI social pasará a ser gestionado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), un organismo que tiene un trato "más directo" con los posibles beneficiarios. Aunque no quiso hablar de fracaso, Martínez detalló que en 2017 se presentaron 60 solicitudes y 144 en 2018. Unas cifras "muy por debajo de lo que se esperaba: unas mil", según Ramón Trujillo (IU). "No tiramos la toalla", remarcó el edil de Hacienda. La oposición recalcó que "algo ha fallado".

Conflicto del albergue

El edil de Atención Social, Óscar García, indicó ayer que el ayuntamiento va a mediar entre la empresa que gestiona el albergue (Grupo 5) y sus trabajadores, enfrentados por el incumplimiento en la aplicación del convenio colectivo. Avanzó que ya se trabaja en los pliegos del nuevo contrato, que saldrá a licitación en verano y que incluirá mejoras laborales.