Santa Cruz de Tenerife
CASO TERESITAS

Miguel Zerolo, en prisión para cumplir la condena de Las Teresitas

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife se ha presentado voluntariamente ante la Policía.
Santa Cruz de Tenerife, EFE
1/abr/19 17:17 PM
eldia.es

Santa Cruz de Tenerife, EFE

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo se ha presentado voluntariamente ante la Policía y ya se encuentra en la prisión Tenerife II, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El exregidor municipal tenía una orden de detención dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó a siete años de prisión por el caso de Las Teresitas, pena que ratificó la semana pasada el Tribunal Supremo. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, tienen una condena de siete años de prisión por el caso de Las Teresitas.

La Policía acudió esta mañana a detener a Zerolo en su domicilio pero no se encontraba en la casa y se dictó orden de detención.

Por la tarde el exalcalde y exsenador nacionalista se personó voluntariamente en la sede policial acompañado de su abogada y fue conducido a Tenerife II al igual que Parejo y Plasencia.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras la confirmación del Supremo, había decretado el ingreso inmediato en prisión de los condenados por el caso Las Teresitas ante el riesgo de fuga.

De los seis condenados, tres se encuentran ya en prisión mientras que el empresario Ignacio González ha alegado motivos de salud y será sometido mañana a un examen forense.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (i)./Ramón de la Rocha

A los otros dos condenados, el exdelegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y el exgerente del mismo departamento José Tomás Martín, la Sala les ha concedido cinco días para su ingreso voluntario en prisión al haber sido condenados a penas menores que los anteriores y apreciar menos riesgo de fuga.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba las condenas de los acusados en este caso, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado su ingreso en prisión inmediata debido al riesgo de fuga ante la presumible capacidad económica del condenados y la gravedad de las penas.

El principal condenado en este caso de corrupción urbanística es el exalcalde Miguel Zerolo (CC), sobre el que recaen siete años de prisión los mismos que para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.

Zerolo se encuentra desde junio de 2017 en libertad provisional y con el pasaporte retirado, con obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, ya que la Audiencia Provincial rechazó entonces las peticiones de la fiscalía y acusación popular de prisión cautelar.

Antonio Plasencia

El empresario de la construcción Antonio Plasencia, condenado a cinco años y tres meses por este mismo caso, y el exconcejal de urbanismo Manuel Parejo ya han sido detenidos y a las 16:00 horas de este lunes iban camino de la prisión Tenerife II, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Ignacio González

Respecto al otro empresario condenado en este caso, Ignacio González Martín, los agentes que lo fueron a detener informaron que éste alegó severos problemas de salud por lo que la Audiencia ha ordenado que mañana sea reconocido por un médico forense antes de tomar una nueva decisión.

Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González fueron condenados a cinco años y tres meses de prisión cada uno, y los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo.

Respecto a estos dos últimos, la Sala les ha concedido cinco días para su ingreso voluntario en prisión al haber sido condenados a penas menores que los anteriores y ser menor el riesgo de fuga, informa el TSJC.

Manuel Parejo

El caso de las Teresitas surgió tras la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de esta playa a los dos empresarios por un importe de 52,5 millones de euros cuando el precio de tasación era de 20 millones de euros, según los informes municipales.

La operación incluyó un convenio urbanístico con transferencias injustificadas de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público.

En esta operación urdida por políticos, funcionarios y empresarios hubo un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, según probó la sentencia.

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