Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
El Gobierno anuncia un plan de choque para mejorar la calidad del empleo juvenil leer

La Justicia ve posible delito contra la salud pública en la piscifactoría

El Juzgado Nº1 de La Orotava abre diligencias previas a raíz de la actuación del Seprona en Aguamansa y llama a declarar como investigados al Cabildo y a tres técnicos insulares.
R.S., La Orotava
19/oct/17 6:03 AM
Edición impresa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha abierto diligencias previas para investigar la posible comisión de varios delitos contra la salud pública en la gestión de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava. Este procedimiento judicial, que se puso en marcha a raíz de una actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), cita a declarar en calidad de investigados, el próximo 29 de noviembre, al jefe del Centro Ambiental de Aguamansa, al técnico responsable de la explotación de la piscifactoría, al jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal, y al propio Cabildo Insular de Tenerife, como titular de la instalación.

El juzgado también solicita la comparencia, en calidad de testigos, de los agentes instructores del atestado de la patrulla del Seprona, al inspector de la Dirección del Área de Salud de Tenerife del Gobierno de Canarias que ordenó el cierre de la instalación, al responsable de la empresa Emmasa, encargada de la gestión del Canal del Norte, y al jefe de los Servicios de Fauna del Cabildo Insular de Tenerife, al que se solicita que "aporte a las actuaciones, previamente a su declaración, toda la documental relativa a la situación de la piscifactoría de Aguamansa y las eventuales comunicaciones dirigidas, sobre ese particular, a los responsables del Cabildo". En alusión a los informes que haya podido elaborar previamente sobre la instalación.

El auto se basa, en gran medida, en el informe elaborado por el inspector de Salud Pública que ordenó, el 22 de septiembre, la desconexión de la piscifactoría del Canal del Norte tras determinar que el agua donde se criaban los peces terminaba en la red que abastece de agua potable a la mayor parte del área metropolitana.

El auto señala que tras la intervención del Seprona y de Salud Pública hay indicios para considerar que estos hechos "pudiesen ser constitutivos de delitos contra la salud pública, previstos y tipificados en los artículos 363, 365, 366 y 367 del Código Penal", que prevén penas de prisión de uno a seis años, inhabilitación entre tres y seis años, y multas económicas.

El auto del juez también solicita al gerente del Consejo Insular de Aguas que aclare, en el plazo de diez días, "si la piscifactoría de Aguamansa tiene autorización administrativa para verter aguas y dónde se vierten; si el CIATF ha realizado en algún momento alguna inspección de la piscifactoría; si tiene conocimiento de que la piscifactoría realice algún control de aguas que vierte una vez han pasado por esa instalación; si éstas tienen algún tratamiento para hacerlas aptas al consumo humano y si están conectadas en su punto final de vertido a algún canal que abastezca de agua potable a la población; si se ha detectado por parte de ese servicio alguna irregularidad en las analíticas que se realizan a las aguas del Canal del Norte, y en caso afirmativo, si dichas analíticas han arrojado datos sobre la contaminación de heces de peces, de medicamentos de uso veterinario o cualquier otra sustancia procedente de la acuicultura. Y en caso afirmativo, si se tomaron medidas".

Además, solicita al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que remita los resultados de las muestras tomadas por el Seprona. Y al Cabildo para que, en el plazo de diez días, remita a este Juzgado toda la documentación relativa a la gestión de la piscifactoría.

Además, se ordena librar un exhorto al Juzgado Decano de Burgos a fin de que se requiera a la empresa Skretting España S.A. para que aporte toda la documentación sobre la venta de piensos medicamentosos al Servicio Técnico Forestal del Cabildo.

A la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le pide que "designe un perito judicial con conocimientos específicos en la materia, a los efectos de determinar la cantidad suministrada de piensos medicados o medicamentosos MED-6 Medicado 39 FDfc (que se usó con las truchas), el grado de toxicidad del indicado producto y sus posibles perjuicios para la salud humana".

El vertido pudo continuar hasta el 25 de septiembre

El auto judicial señala que un inspector de la Dirección del Área de Salud de Tenerife del Gobierno de Canarias realizó otra inspección en la piscifactoría de Aguamansa el día 25 de septiembre de 2017, tres días después del cierre, "al objeto de comprobar las medidas cautelares ordenadas, comprobando que las piscinas ubicadas en la parte superior de la instalación están vacías. No obstante, la piscina de mayor tamaño ubicada en la parte inferior está llena de agua, con truchas vivas y muertas (...) Se comprueba que continúa pasando el agua de esta piscina hacia la conducción que alcanza el canal Aguamansa-Santa Cruz, que suministra agua para producir agua de consumo humano, a pesar de la suspensión cautelar de este vertido que se ordenó". Por esta situación, el inspector reitera la suspensión cautelar del vertido del agua de las piscinas a cualquier conducción que vaya a consumo humano por la situación y hechos descritos en el acta del día 22 de septiembre de 2017.