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CASO GRÚAS

El alcalde de La Laguna declara que se siguió el criterio de los técnicos

José Alberto Díaz señala que los funcionarios propusieron levantar reparos del interventor, con los fundamentos jurídicos suficientes No responde a la "acusación política".
El Día, La Laguna
17/abr/18 6:17 AM
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El alcalde de La Laguna declara que se siguió el criterio de los técnicos

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, defendió en la mañana de ayer en los juzgados de la plaza del Adelantado la legalidad de la actuación del ayuntamiento en torno al servicio de grúas municipales. Interrogado como investigado en las diligencias previas del denominado caso Grúas, uno de los ejes centrales de sus manifestaciones fue que el consistorio lagunero siguió los criterios que fueron marcados por la directora del área de Seguridad, Rosario Hernández.

Díaz entró en el Palacio de Justicia "tranquilo" y "centrado en la declaración", y salió de él tras algo más de una hora de comparecencia. "A todas las partes no respondí; a la acusación política ya se le contesta en los plenos o en los medios de comunicación", se limitó a decir al término del interrogatorio y en referencia a la acusación popular, que representa a Unid@s se Puede (USP) y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC). Sí respondió a las preguntas de la Fiscalía; de la jueza que instruye la causa, María Celia Blanco; de su defensa, que la llevó su hermano, Víctor Díaz, y del abogado del otro investigado (Antonio Pérez-Godiño), Esteban Sola.

El hoy alcalde -edil de Seguridad en la época de los hechos que se están instruyendo- expuso en su intervención que, a su llegada a la concejalía, el servicio de retirada de vehículos se prestaba "con normalidad" y que después sí surgieron quejas por parte de los trabajadores, si bien, afirmó, no tuvo "mucha información" hasta que el director del servicio le comunicó que la situación era "complicada". Añadió el primer edil que, entonces, los interventores municipales solicitaron una aportación financiera para la continuidad de esta actividad y que fue la dirección del área de Seguridad la que hizo una propuesta con ideas para la fórmula a adoptar para esa ayuda económica.

Por otra parte, el político nacionalista planteó que el informe externo de los catedráticos de la Universidad de La Laguna lo encargó el por entonces director de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento, Ceferino Marrero, y que no fue causa del posicionamiento del interventor, Gerardo Armas. A ese respecto, apuntó que habían sido también Marrero y Hernández quienes indicaron la conveniencia de pedir un dictamen jurídico sobre la intervención del servicio, así como que los "extremos" del informe en cuestión los decidió la directora del área de Seguridad Ciudadana.

El nombre de Rosario Hernández volvió a aparecer de nuevo ante otra pregunta del Ministerio Fiscal, a la que Díaz respondió que los reparos fueron levantados "conforme a una propuesta de la dirección del área" y no por el dictamen jurídico externo. Más adelante, detalló las circunstancias de la reunión entre Gerardo Armas y los catedráticos que elaboraron el informe.

Díaz negó a la jueza que hubiese obtenido algún beneficio a raíz de la concesión del préstamo para el servicio y que mantuviese vínculos de amistad con los empleados de la grúa que acabaron convertidos en empresarios. En la misma línea, argumentó que los 120.000 euros que se aportaron al servicio fueron recuperados antes de que terminase el contrato, que no se causó perjuicio al erario y que, incluso, hasta se cobraron intereses.

A preguntas de Esteban Sola -el más activo de los letrados durante la sesión de ayer-, el regidor local sostuvo que la retirada de vehículos de la vía pública es "una obligación", que cualquier alternativa que no hubiese sido la intervención del servicio habría ocasionado que la actividad no se pudiese seguir prestando y que no presionó ni al interventor ni a ningún otro funcionario. Además, respaldó el proceder de Antonio Pérez Godiño en el decreto por el que se investiga a este último.

Pasado el trago judicial, y en declaraciones durante la tarde a la agencia Efe, el nacionalista se mostró convencido de que el caso Grúas se archivará, y lamentó que las acusaciones de USP y XTF-NC son "puro humo". "Entiendo que el señor Pérez me someta a toda la crítica política que considere oportuna, pero que arremeta despectivamente contra la jueza y el fiscal, menospreciando su profesionalidad e insinuando sin ambages falta de neutralidad, me parece penoso y alarmante", expresó sobre Santiago Pérez, líder de XTF-NC.

Fernando Clavijo: "Es una denuncia política"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresó ayer en declaraciones a los medios que se trata de una "denuncia política". "El alcalde de La Laguna irá, declarará y colaborará, como él mismo ha dicho, con la Justicia", manifestó. "Insisto: es una denuncia política en la que el interés general de la ciudad de La Laguna quedó por encima de todo".

XTF-NC: "Interrogatorio de juguete"

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) calificó la sesión de ayer de "interrogatorio de juguete". Tras lamentar que el alcalde, José Alberto Díaz, no respondió a la acusación popular, apuntó que esa decisión es "de una cobardía sin límites". "La actitud de la Fiscalía en este asunto es verdaderamente alarmante", opinó, y dijo que entiende que hay "inhibición" por parte de esta. También criticó el tono de la jueza. "A un interrogatorio de juguete, respuestas del juego de las casitas", consideró sobre las contestaciones de Díaz. Además, desde esta formación dieron a conocer las diez preguntas que le iban a formular al regidor local, centradas en responsabilidades, la prórroga del servicio y el préstamo.

Pedirán la imputación de Rosario Hernández

Desde Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) informaron ayer de que la acusación popular pedirá "de inmediato" la citación como investigada de Rosario Hernández, directora del área de Seguridad Ciudadana, "que es un personaje clave en toda esta tramoya". "Quiero establecer una clarísima distinción entre el funcionariado del Ayuntamiento de La Laguna, que es honesto y que sirve a los intereses públicos y a la ley, de algunos altos funcionarios que se han acostumbrado al juego de la política", agregó, antes de detallar que la dirección de área, aunque la desempeñe un funcionario, es un "cargo de confianza político".

USP y las preguntas de la acusación

Otro de los partidos de la oposición lagunera, Unid@s se Puede (USP), se centró también en que el alcalde no respondiese a las preguntas de la acusación. En una nota, el líder de la coalición de izquierdas, Rubens Ascanio, apreció que hubo un "cambio de estrategia de defensa".

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