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A BABOR FRANCISCO POMARES

Abusos deshonestos

11/abr/18 6:17 AM
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El lunes pasado se supo que el Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ordenó suspender cautelarmente el concurso para la adjudicación del contrato de servicios informativos de RTVC, atendiendo así una de las muchas reclamaciones contra decisiones del Ente presentadas por la actual concesionaria del servicio -Videoreport-, empresa vinculada al rotativo Canarias 7. El auto, que será recurrido por la tele, suspende cautelarmente un procedimiento ya cerrado por la decisión de la mesa de contratación de declarar desierto el concurso. La decisión del juez Úbeda Tarajano, celebrada con alborozo por quienes intentan por todos los medios que el contrato vigente sea ilegalmente prorrogado al actual licitador, no anula sin embargo el negociado, al que se presentaron las tres empresas convocadas, la concesionaria Videoreport, la empresa Numtium, participada por Prensa Ibérica y el Grupo Prisa, y otra del grupo catalán Mediapro, ahora dependiente de un fondo de capital chino. Ayer tarde trascendió otro auto del Juzgado número 4, presidido por el magistrado Riestra Sierra, en el que se desestima la petición de cautelarísimas contra el procedimiento negociado, solicitada también por Videoreport. La estrategia de la empresa participada por Canarias 7 ha sido recurrir uno tras otro todos los actos con los que la RTVC ha intentado proceder a la adjudicación de un nuevo contrato para evitar que la tele se vaya a negro, porque el contrato es improrrogable más allá del 30 de junio. El concurso de informativos tiene un importe de 144 millones de euros, distribuidos en ocho años, y ya no es posible prorrogárselo a Videoreport, empresa a la que se adjudicó el contrato hace diez años también por un procedimiento negociado, y a la que Paulino Rivero prorrogó por dos años cuando aún faltaban cuatro para el vencimiento del contrato.

La suspensión cautelar del concurso -cuando éste ya se había cancelado- resulta una victoria pírrica, que sólo habría tenido valor si también se hubiera suspendido el procedimiento negociado, una situación que sí habría colocado a la tele en la necesidad de optar entre el fundido a negro y la ilegalidad. Esas habrían sido las opciones, pero la denegación de cautelarísimas permite a Santiago Negrín mantener el negociado y usarlo para resistir la presión continuada de tres años de campañas, descrédito, titulares, amenazas y forcejeos parlamentarios destinados a forzar que la tele mantenga ilegalmente el "statu quo" con su actual licitador. Después de esos años aguantando injustamente insultos, claudicar ante esta fauna sería para Negrín hacerle a la tele -y hacerse a sí mismo- algo parecido a lo que el Código Penal define como abusos deshonestos.

En cualquier caso, quedaría también la opción planteada -tardíamente y con la boca chica- por el PSOE y Podemos, que es la de revertir el contrato a su gestión pública. Por desgracia, es muy difícil que esa opción, por la que algunos apostamos ya hace años, cuando era viable, pueda producirse antes del 30 de junio. Fernando Clavijo declaró hace tan sólo unas semanas estar dispuesto a estudiar "todas las fórmulas posibles", incluyendo por tanto la gestión de los servicios informativos desde el propio ente público, lo que implicaría modificar sustancialmente la estructura del ente, subrogando a los trabajadores no directivos de Videoreport. Pero con la ley actual, la decisión sobre el futuro de la tele no es competencia del Gobierno, sino del Parlamento, que ha hecho una clara dejación de sus responsabilidades. La última, en el pleno más cómico y vergonzoso que se recuerda en esta legislatura, cuando la Cámara fue incapaz de cubrir las vacantes del Consejo Rector, porque un diputado socialista -cualquiera sabe atendiendo a qué razones o promesas- votó secretamente en contra de su propio partido.

A BABOR FRANCISCO POMARES