Venezuela

Trabajadores de Globovisión exigen que se anule una multa millonaria

EFE, Caracas
2/dic/11 1:06 AM
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EFE, Caracas

Trabajadores del canal de televisión Globovisión exigieron ayer en una manifestación que la justicia anule la multa de 2,1 millones de dólares que en octubre impuso la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Decenas de periodistas, cámaras y otros trabajadores de la emisora privada pidieron ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en el centro de Caracas, que se responda a los recursos de amparo cautelar presentados por los abogados de la emisora, de línea editorial crítica con Chávez.

La multa hace peligrar los puestos de trabajo porque es un monto "impagable", declararon los trabajadores de Globovisión, emisora que se considera víctima de "persecución política" por parte del Gobierno de Chávez, que niega tal extremo.

El gobernante dijo el 14 de noviembre que la millonaria sanción impuesta a Globovisión "se quedó corta" y achacó a ese canal privado una deliberada intencionalidad de "sembrar el pánico" entre la población.

Conatel multó a Globovisión por el tratamiento noticioso que dio a la crisis penitenciaria en la cárcel caraqueña El Rodeo en junio pasado.

El presidente de Conatel, Pedro Maldonado, indicó entonces que investigaciones de su despacho constataron "incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico", "apología (a la violencia) y alteraciones de orden publico" y "fomento a la zozobra en la ciudadanía".

Para ese organismo, "se demostró el odio y la intolerancia por razones políticas", según Maldonado, quien afirmó que la sanción equivale al 7,5% de los ingresos brutos del canal durante 2010.

El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, ha denunciado desde Estados Unidos que la sanción pretende "asustar" para llevar al canal a la autocensura, y ha garantizado que, de ser necesario, conseguirá los recursos para pagar la multa.

Chávez afirmó que contra el también empresario del sector del automóvil pesa una orden de detención desde junio de 2010 por un caso de supuesto acaparamiento de vehículos y usura en su venta.