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CC y PSOE cambiarán ley inversiones estratégicas ante denuncias de "dedazo"

Santa Cruz de Tenerife, EFE
24/sep/14 18:16 PM
eldia.es

Paulino Rivero (d) y José Miguel Pérez (i)

Los grupos de CC y PSOE en el Parlamento de Canarias han anunciado hoy que introducirán cambios en el proyecto de ley de inversiones estratégicas en el trámite parlamentario, para despejar las dudas sobre arbitrariedades o "dedazos" denunciadas por PP y NC.

Este proyecto de ley, cuyo debate de toma en consideración se celebró hoy en el pleno del Parlamento, faculta al Gobierno de Canarias a que, a propuesta de su presidente, una determinada inversión sea declarada estratégica, lo que permite a sus promotores una reducción a la mitad de todos los plazos en los trámites burocráticos en las administraciones regional, insular y local.

Los grupos de la oposición habían presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley, sobre todo por la discrecionalidad con la que el Gobierno de Canarias puede decidir sobre el carácter estratégico de una inversión, según denunciaron, pero fueron rechazadas en el pleno del Parlamento.

No obstante, los grupos CC y PSOE anunciaron que en el trámite parlamentario introducirán mejoras para despejar las sospechas sobre posibles arbitrariedades a la hora de determinar como estratégicas unas inversiones sí y otras no.

Previamente al debate del proyecto de ley, durante una pregunta en el pleno, la portavoz del PP, Australia Navarro, había advertido al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, de que la discrecionalidad "abona el terreno a la prevaricación", porque depende del "dedazo" del jefe del ejecutivo si ayuda a los empresarios amigos a agilizar una determinada inversión.

Paulino Rivero replicó que lo que pretende este proyecto de ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas es agilizar los proyectos y desmintió cualquier arbitrariedad por parte del presidente.

Según el texto del proyecto, la declaración de interés estratégico la decide el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente, una vez valorada la inversión por el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos.

Para que pueda ser considerada estratégica una inversión, tendrá que ser viable desde el punto de vista jurídico, económico y financiero y además bastará con que cumpla alguno de los requisitos establecidos, como generar empleo; que sea en sectores de especial interés para el archipiélago; que tenga capacidad para movilizar inversión privada y que sea compatible con el desarrollo sostenible.

Estas condiciones son lo suficientemente vagas e imprecisas como para que se pueda tomar "una decisión y la contraria sobre cualquier proyecto", denunció Miguel Jorge Blanco, del PP, quien advirtió de que se abre la puerta a la discrecionalidad y a la arbitrariedad, lo que vulnera la igualdad de oportunidades.

"Se otorgan poderes especiales al presidente del Gobierno, algo propio de otros regímenes e impropio en sistemas democráticos", dijo el representante del PP.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, denunció que esta ley busca que el presidente del Gobierno decida, desde la "arbitrariedad y la indeterminación", qué inversiones privadas son estratégicas y cuáles no, a la vez que invade competencias de las corporaciones locales al imponerles plazos en sus regulaciones, lo que tiene indicios de inconstitucionalidad.

"Es inaceptable, se establece que la culpa de la crisis y de la falta de inversiones es la regulación pública, cuando es justamente la ausencia de regulación y las políticas liberales las que la han provocado", dijo Román Rodríguez.

Emilio Mayoral, del PSOE, defendió el propósito de la ley de agilizar los trámites burocráticos para determinadas inversiones, aunque anunció que su grupo "intentará hacer esfuerzo de concreción" sobre los criterios "indeterminados" que permiten declarar estratégica una inversión "para evitar interpretaciones políticas" sobre las decisiones del ejecutivo al respecto.

José Miguel Barragán, de CC, desmintió las acusaciones de "dedocracia" y aseguró que, por el contrario, lo que se busca es que sea un procedimiento transparente, al establecerse unos criterios que tiene que cumplir el Gobierno.

"Así que no hay discrecionalidad y arbitrariedad, sino rigor y regulación en un tema que normalmente se hace en pasillos y despachos", dijo Barragán.

No obstante, anunció la intención de su grupo de mejorar algunos aspectos en el trámite parlamentario "para dar la mayor seguridad posible los proyectos", y señaló que en lugar de cumplir uno solo de los requisitos genéricos debería cumplirlos todos.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, que presentó el texto ante el Parlamento, dijo que "es rotundamente falso" que la declaración de una inversión como estratégica pueda ser arbitraria y defendió como "precisos" los requisitos del texto gubernamental.

En otras regiones como Navarra, Murcia, Andalucía y Baleares se han aprobado normas parecidas "sin que haya habido polémica", se quejó González Ortiz.

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