Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario, indignado tras la negativa a las prospecciones en Andalucía

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
16/oct/14 17:05
eldia.es

El Gobierno canario ha expresado hoy su "indignación" por lo que considera "un trato colonial" del Estado al archipiélago, tras comprobar que las prospecciones planteadas en aguas próximas a la costa de Málaga se han rechazado, al contrario que lo que ha ocurrido en las Islas.

El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha denunciado hoy que existen "dos varas de medir" diferentes, una para Canarias y otra para Andalucía, cuando las razones que justifican la declaración de impacto ambiental negativa para las costas andaluzas son similares a las del archipiélago.

A su juicio, existen suficientes razones para que los ciudadanos de Canarias se manifiesten una vez más en contra de las prospecciones en las concentraciones convocadas mañana en diferentes lugares del archipiélago.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha animado a los ciudadanos del archipiélago a dar una respuesta "contundente" al trato "humillante, vejatorio y abusivo" al que, a su juicio, somete el Gobierno central a las islas.

En un comunicado difundido desde Praga, donde se encuentra en un acto de promoción turística, se refiere de este modo a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de no autorizar la búsqueda de hidrocarburos que planteaba la empresa canadiense CNWL en las costas de Málaga y Granada.

Rivero sostiene que la declaración de impacto ambiental negativa emitida en ese caso tiene carácter "político" y la relaciona con el hecho de que el PP gobierna en la Diputación de Málaga.

También insiste en su denuncia de que el Ministerio de Medio Ambiente "está cocinando" una declaración de impacto negativa para las prospecciones en Baleares, que cuentan con el rechazo del Govern de José Manuel Bauzá y del propio PP en esa comunidad.

Además, el portavoz del Ejecutivo canario ha informado de que el Consejo de Gobierno ha acordado hoy la interposición de un recurso de amparo constitucional contra el auto del Tribunal Supremo que desestima su petición de que se declare nula la sentencia que avaló la reactivación de los permisos concedidos a Repsol a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.

El Gobierno canario entiende que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones ponen de manifiesto una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

El Ejecutivo canario sostiene que el Supremo, antes de dictar su sentencia favorable a las prospecciones, debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (artículo 267 del Tratado de la UE), a fin de verificar que si esos permisos vulneraban o no directivas europeas sobre medio ambiente.

Asimismo, estima que la sentencia peca de incongruencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones por la ausencia de informes técnicos sobre la suficiencia de las medidas de protección medioambiental presentadas por Repsol en el año 2004.

Se considera también que se infringen los artículos 205 y 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que la sentencia fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular.