Canarias

El 40% de los centros infantiles no tiene la autorización de Educación

El plazo para adaptar las infraestructuras finalizó en 2014 Las escuelas privadas con el visto bueno de la Consejería son 121, mientras que 90 continúan "en tierra de nadie".
Miguel Gómez, S/C de Tenerife
26/abr/15 6:36 AM
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El 40% de los centros infantiles no tiene la autorización de Educación

Han pasado cuatro años desde que el Gobierno amplió el plazo para que las guarderías de las Islas cumplieran los requisitos para convertirse en escuelas infantiles y un volumen considerable de estos centros sigue sin la autorización de la Consejería de Educación. Algo más del 40% de ellos no reúne aún las condiciones para ofrecer el primer ciclo de Infantil, una proporción que no tiene visos de reducirse, dado que el periodo para la adaptación de las infraestructuras -el proceso más complejo y costoso- finalizó en agosto de 2014.

Los centros privados autorizados por la Administración ascienden actualmente a 121, mientras que los que no cuentan con el permiso son 90, según datos facilitados por la Consejería. La segunda exigencia que se impuso a las guarderías para poder operar como escuelas es la titulación de su personal. El periodo para satisfacer este requerimiento concluye en agosto de este año.

"En tierra de nadie". Así se encuentran los centros que no han sido autorizados, según Marina Amador, presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), que denuncia que la situación genera un "agravio comparativo" para las escuelas infantiles ya con permiso para funcionar como tales, a las que se demanda unos requisitos que no tienen que cumplir las que siguen operando como guarderías y, además, han debido acometer inversiones en materia de materiales y personal.

La responsabilidad de esta "competencia desleal" corresponde, a juicio de Amador, a la Consejería, que "tenía que haber exigido a todos y no solo a unos". "La obligación de la Administración es hacer cumplir la ley, y en este caso ha habido negligencia", sentencia la representante del sector en Tenerife.

No es el único reproche que Acinte dirige al Gobierno regional. La Consejería de Políticas Sociales había anunciado un decreto que evitara otra competencia desleal, la de algunas ludotecas u otros centros de ocio infantil que funcionan de forma encubierta como guarderías.

La normativa se elaboró e incluso estuvo en exposición pública con la idea de que entrase en vigor antes del verano de 2014, pero de ella no ha vuelto a saberse nada más.

las claves

Para poder ofrecer el primer ciclo de Educación Infantil (cero a tres años), los centros debían adaptar sus instalaciones antes del 31 de agosto de 2014 y cualificar a su personal antes de la misma fecha de 2015.

El plazo se amplió en 2011 ante la evidencia de que la mayoría de las guarderías no podría cumplirlo.

Las guarderías municipales, una excepción 

Los requisitos administrativos para poder operar como escuelas infantiles no afectan solo a los centros privados, sino también a los que dependen de los ayuntamientos. El sector público también parece encontrar problemas para adaptarse, a tenor de las cifras de la Consejería de Educación. Un total de 26 escuelas disponen de autorización, en tanto que 25 aún están en trámite.

Sin embargo, puede haber una solución para estos centros. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) asegura que la Consejería prepara un decreto que "dará cobertura para que las guarderías municipales puedan seguir funcionando como tales". Esta normativa garantizará, según los representantes de los ayuntamientos, la "continuidad económica" de estas instalaciones, puesto que las corporaciones locales no tendrían que invertir los fondos necesarios para completar la adaptación exigida para impartir el primer ciclo de Educación Infantil.

Esta "ley paralela" no convence a la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), que recuerda que algunas guarderías privadas se han visto obligadas a cerrar porque les resultaba imposible cumplir el decreto.

La Comisión de Educación de la Fecam se ha referido para justificar esta medida a que la falta de financiación por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma ha hecho peligrar la continuidad de estos centros.