Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno, sin competencias para proteger espacios marinos

El TSJC estima que la aprobación de Zonas Especiales de Conservación en 24 enclaves por parte del Ejecutivo autónomo no se hizo conforme a derecho en el año 2009.
Efe, S/C de Tenerife
15/nov/15 6:17 AM
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró no conforme a derecho la declaración por parte del Gobierno canario de 24 espacios marinos como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, entre los que se encuentran enclaves como el islote de Lobos, el Mar de las Calmas o los sebadales de Güigüi y el sur de Tenerife.

La sentencia se ciñe a dilucidar un conflicto de competencias sobre a qué administración le compete declarar espacios naturales en el mar, pero no deja desprotegidos a esos enclaves, ya que los propios magistrados precisan que las ZEC canarias en litigio tienen su equivalente en una orden del Ministerio de Medio Ambiente, con coincidencias "del 100%".

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC estima en este caso un recurso interpuesto por el Estado contra el decreto del Gobierno canario de 2009 que otorgó la categoría de ZEC a los 177 lugares de importancia comunitaria (LIC) de la región Macaronésica. El Gobierno central había impugnado este decreto al entender que no se adecua al orden constitucional de reparto de competencias, ya que prevé un régimen jurídico de protección de determinados espacios naturales que están situados en el mar.

La discrepancia radica en que, para la comunidad canaria, el medio marino es parte de su territorio y, por tanto, marco físico para el ejercicio de sus competencias como comunidad archipielágica.

Sin embargo, el TSJC recuerda al Gobierno canario que el Tribunal Constitucional ha fallado ya en varias sentencias que las competencias de las comunidades autónomas no se extienden, de ordinario, al mar territorial. Y subraya que una de esas sentencias se refiere al recurso de inconstitucionalidad que el propio Gobierno de Canarias interpuso contra la Ley de Hidrocarburos que atribuye a la Administración del Estado la competencia para autorizar prospecciones petrolíferas.

El TSJC explica que, en ese fallo, el Constitucional rechazó el recurso del Gobierno de Canarias porque "el mar territorial no forma parte del territorio de las comunidades autónomas" y solo excepcionalmente puede llegar a ejercerse competencias autonómicas cuando exista un explícito reconocimiento estatutario. La Sala agrega que la comunidad autónoma tampoco ha podido acreditar la continuidad ecológica entre el espacio terrestre y el marino.