Canarias

Piden que la Policía Autonómica investigue casos de niños robados

Sin Identidad presenta al área de Asuntos Sociales del Gobierno la proposición de la ley canaria de medidas de búsqueda y reparación a los niños robados y sus familias.
P.Fumero, S/C de Tenerife
8/nov/16 6:20 AM
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P.Fumero, S/C de Tenerife

El colectivo Sin Identidad presentó ayer al Gobierno canario una propuesta para crear la ley canaria de medidas de búsqueda y reparación a los niños robados y sus familias. Representantes de la asociación mantuvieron un encuentro el pasado viernes con la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, y la conclusión del mismo fue positiva para los portavoces de los niños robados, ya que, según aseguran, su documento fue bien recibido por Mena y creen que hay perspectivas esperanzadoras.

Una de las iniciativas incluidas en el texto, al que tuvo acceso EL DÍA, es la creación de una unidad especial de investigación de la desaparición forzada infantil y compraventa de seres humanos en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Una de las condiciones incluidas en el proyecto es que el grupo se cree en los seis meses siguientes a la aprobación de la ley y que para ello se adopte la reorganización administrativa necesaria y la aportación de medios oportunos en la Policía Autonómica, así como que dependa directamente del jefe de la institución.

Según la propuesta, los agentes que integren la unidad atenderán directamente los requerimientos de la comisión canaria por el derecho a la identidad (Cocadi), que es otra de las iniciativas contempladas en la referida proposición de ley.

Uno de los artículos contemplados en el documento mencionado plantea la necesidad de que todos los organismos dependientes del Gobierno canario darán carácter urgente y preferente a los requerimientos de la mencionada unidad policial, con el fin de facilitar el esclarecimiento del paradero e identidad de los niños víctimas de desaparición forzada o la compraventa de seres humanos.

Para los integrantes de Sin Identidad, una de las potestades de la unidad especial debe ser acceder de forma directa a todos los archivos de los organismos públicos o privados del Archipiélago.

Y una de las sugerencias plasmadas en el texto es que, paralelamente, los agentes autonómicos puedan dirigirse a cualquier organismo público o privado con presencia en las Islas, tanto en la actualidad como durante la dictadura franquista, para obtener informaciones, testimonios y documentos sobre este asunto.

Además, en el último artículo de la iniciativa se contempla que la unidad especial de la Policía Autonómica pueda disolverse por acuerdo ordinario del Consejo de Gobierno canario una vez que haya cumplido sus fines y hayan sido resueltos la totalidad de los casos de desapariciones forzadas infantiles y de compraventa de seres humanos en las Islas, "dando razón de su paradero a las familias que los buscan, así como de su identidad a los afectados".

El colectivo Sin Identidad estima que la cifra de personas afectadas en todo el Archipiélago por los casos de niños robados o trata de seres humanos asciende a 200 aproximadamente.

Impulsar las búsquedas

La proposición de ley presentada en la jornada de ayer a la viceconsejera de Políticas Sociales del Ejecutivo Autónomo contempla la necesidad de crear una comisión canaria por el derecho a la identidad y a una segunda oportunidad (Cocadi). El mencionado órgano estaría adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Uno de los objetivos de la Cocadi, según Sin Identidad, debe ser facilitar que se cumplan los compromisos asumidos por España al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo de Nacionales Unidad para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (especialmente de mujeres y niños), que se ratificó en la ciudad italiana de Palermo en el año 2000. Otra de las misiones planteadas para la Cocadi es impulsar y hacer un seguimiento de los trabajos de búsqueda de ciudadanos que sufrieran desapariciones forzadas.